Nueva reforma a pensiones provocará pérdidas a trabajadores

El Comité de Trabajadores de Defensa de los Fondos de Pensiones de El Salvador (Comtradefop) estimó ayer que los ahorros para pensión de los trabajadores perderían al año entre $40 y $50 millones en rentabilidad por el aumento en la compra de Certificados de Inversión Provisional, CIP aprobado la semana pasada por la Asamblea Legislativa.

Dicho Comité presentó ayer en la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de justicia, un acumulativo de inconstitucionalidad que busca impedir que las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP utilicen más ahorros de los trabajadores para comprar CIP.

Los CIP A y B son instrumentos de deuda pública que se emiten cada tres meses. La venta de CIP A permite al Estado obtener recursos para pagar las pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), y del Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos (INPEP). Mientras tanto, los CIP B, que no tienen límite de compra, permiten pagar los Certificados de Traspaso (CT) y los Certificados de Traspaso Complementario (CTC), que equiparan los beneficios de quienes cotizaron en el sistema público y migraron al SAP.

La Asamblea Legislativa aprobó el pasado 18 de julio, el Decreto Legislativo 733, que reforma la Ley del Sistema de Ahorro Previsional, SAP para que las AFP puedan usar hasta el 50% de los ahorros que custodian para comprar CIP-A.
Antes de esta reforma, las AFP podían usar un máximo del 45% de los ahorros, un techo que la Sala de lo Constitucional consideró razonable en una resolución emitida el 23 de diciembre de 2014.

Sin embargo, la Comtradefop pidió que se incorporara su escrito al expediente de dicha resolución de diciembre de 2014 y solicitó a la Sala de lo Constitucional que tenga por incumplidas, por parte de la Asamblea Legislativa, las sentencias que dictó el 23 de diciembre del 2014, y la emitida el 15 de febrero de 2016, pues estos fallos están relacionados a la tasa de interés que el Estado paga a los trabajadores por los CIP.

Además, en su escrito Comtradefop pidió a la Sala que declare que el Decreto Legislativo 733 no produce efecto jurídico constitucional. En consecuencia, también solicitó que inhiba a las AFP de superar el límite de 45 % para la compra de CIP A. Hasta el martes pasado, la ley SAP permitía a las AFP usar hasta el 45% de los ahorros de los trabajadores para cumplir con la obligación legal de comprar CIP.

Lo que deseamos es que este decreto no se ejecute. Es un golpe al interés de los trabajadores. Supone a ejemplos prácticos una menor pensión e implica que el Gobierno podrá tomar $500 millones más”, resaltó Enrique Anaya, representante legal de Comtradefop.