Legal
Nueva Ley Orgánica para la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)
La Asamblea Legislativa ha aprobado una nueva ley orgánica para la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), presentada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Esta ley tiene como objetivo proporcionar a la CEPA una serie de facultades y herramientas para agilizar la realización de obras.
Una de las características más destacadas de esta propuesta es que la CEPA podrá autorizar la creación de sociedades anónimas, así como otorgar concesiones y establecer contratos de asociación público-privada en las áreas de operaciones portuarias, aeroportuarias y ferroviarias.
La nueva ley también permitirá a la CEPA adquirir propiedades, demoler y vender bienes inmuebles fiscales que no sean esenciales, de acuerdo con las leyes pertinentes.
En términos de gobernanza, la reforma estipula que el presidente de la República tendrá la facultad de nombrar directamente a los representantes del sector privado que formarán parte de la junta directiva de la CEPA. Estos directores serán seleccionados entre los candidatos propuestos por el sector privado en una asamblea convocada por el MOP.
Además, la propuesta de ley establece excepciones a la Ley de Compras Públicas, permitiendo que la CEPA excluya ciertas adquisiciones, como servicios esenciales, de su alcance.
Otra parte relevante de la reforma es la autorización para que la CEPA establezca tarifas por servicios y el uso de instalaciones. No obstante, estas tarifas deberán contar con la aprobación de los reguladores pertinentes.
En cuanto a las concesiones, la reforma fue ajustada para que la CEPA pueda realizar concesiones «no demaniales» y administrativas, ya que los bienes de dominio público corresponden al órgano legislativo según la Constitución.
La nueva normativa permitirá a la CEPA adquirir diversos tipos de maquinarias, equipos, repuestos y materiales en situaciones de emergencia, dentro de los límites establecidos por la ley, en casos de desastres naturales, calamidades públicas u otras circunstancias que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.