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Nueva Ley de Propiedad Intelectual entrará en vigor dentro de seis meses

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Con su publicación en el Diario Oficial la nueva Ley de Propiedad Intelectual, una legislación que busca ampliar la protección de los derechos de autor y derechos conexos, entrará en vigor dentro de seis meses.

Esta normativa reconoce derechos fundamentales como la paternidad de la obra, su integridad, y el derecho exclusivo de explotación económica, el cual abarca la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de las obras.

Uno de los elementos clave de esta ley es la creación del Instituto Salvadoreño de la Propiedad Intelectual (ISPI), un organismo que estará bajo la supervisión del Centro Nacional de Registro. El ISPI será responsable de la gestión y regulación de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo patentes, marcas, diseños industriales, derechos de autor y signos distintivos. Además, tendrá la tarea de coordinar la lucha contra la piratería y la falsificación, fortaleciendo la protección de la propiedad intelectual en el país.

La legislación también amplía la protección a los derechos conexos, incluyendo a intérpretes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, garantizando la protección de interpretaciones, fonogramas y emisiones. Asimismo, se contempla la gestión colectiva de derechos, permitiendo a las sociedades de gestión representar y administrar los derechos de sus miembros de manera más eficiente.

En el ámbito de las invenciones y modelos de utilidad, la ley introduce un procedimiento simplificado y digitalizado para la solicitud de patentes. Los modelos de utilidad, que requieren un menor grado de inventiva, también recibirán protección, otorgando derechos exclusivos para su explotación comercial.

La nueva normativa incluye disposiciones específicas para la protección de diseños industriales, marcas, nombres comerciales, indicaciones geográficas y otros signos distintivos, con un proceso de registro modernizado que busca facilitar la protección legal contra infracciones.

Además, la ley aborda prácticas de competencia desleal y ofrece protección a los consumidores contra productos falsificados. Las autoridades contarán con la capacidad de realizar inspecciones y decomisos para garantizar la autenticidad y calidad de los productos disponibles en el mercado.

El proyecto de ley está alineado con los compromisos internacionales asumidos por El Salvador, incorporando estándares establecidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

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