Normativa busca promover a los contratos de inversión en el área de hidrocarburos

En el Diario Oficial del 10 de enero se publicaron las enmiendas a la Ley de Hidrocarburos, con el objetivo de modernizar el sector energético. Entre los cambios más significativos destaca el nuevo nombre de la normativa, ahora conocida como Ley de Exploración y Explotación de Yacimientos de Hidrocarburos.

Las reformas confieren facultades ampliadas a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), permitiéndole llevar a cabo todas las actividades hidrocarburíferas mediante diversos tipos de contratos para obtener datos geológicos y geofísicos. Este paso tiene como objetivo fomentar la inversión y aumentar el conocimiento en la exploración hidrocarburífera en el país.

A través de contratos de inversión, se establece que el Estado recibirá actualizaciones de estudios geofísicos sin grandes erogaciones, ya que los contratistas asumirán el riesgo y los costos asociados con las operaciones o actividades científicas relacionadas con hidrocarburos. Estos contratos, bajo la modalidad multiclientes, permiten a la CEL tener propiedad sobre los datos obtenidos.

Las enmiendas también contemplan incentivos fiscales para los titulares de los contratos, ya que las empresas participantes asumirán el riesgo de posibles yacimientos de hidrocarburos. La reforma, además, elimina las “bases de licitación” y considera la posibilidad de contratación directa, excluyendo todos los contratos de la aplicación de la Ley de Compras Públicas.

Se incorpora la prohibición de llevar a cabo operaciones petroleras sin ser titular de los contratos establecidos en la ley o sin autorización de la CEL. La normativa establece un nuevo proceso de contratación y adjudicación de los contratos de inversión, con la CEL teniendo la facultad de realizar contrataciones directas según resolución de causales.

Finalmente, se establece un procedimiento de arreglo directo para resolver controversias derivadas de los contratos regulados por la ley. En caso de agotarse este proceso, las partes podrán recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para conciliación o arbitraje.