“Ni se les debería dar aunque sean legales, terminó sus funciones y punto, se le quita el pasaporte”

En Julio del año pasado, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una sentencia en donde inhabilitó de sus funciones a los diputados suplentes que mantienen el pasaporte diplomático en su poder, puesto que ellos se evitan todo el trámite de controles migratorios, revisiones exhausticas de de equipaje dentro y fuera del país entre otros. En dicha resolución la CSJ declaró inconstitucionales a 76 diputados de 84, ya que no habían sido producto del voto popular, como sucedió con los diputados propietarios.

Los privilegios de los que gozan los diputados suplentes al ser portador de un pasaporte diplomático son una gran diferencia al uso de los pasaportes ordinarios. Por ejemplo el pasaporte diplomático privilegia el uso de un salón especial desde el cual hacer los trámites migratorios, la excepción de revisar sus maletas en aeropuertos nacionales e internacionales, así como entrar a otros países sin necesidad de visa hasta tener controles migratorios menos rigurosos.

Según la Ley de la Ley de Expedición y Revalidación de Pasaportes y Autorizaciones de Entrada a la República, el presidente y vicepresidente de la república, el presidente de la Asamblea Legislativa, los diputados propietarios y suplentes, los presidentes y magistrados de la CSJ y de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre otros funcionarios, además de sus cónyuges e hijos menores de 21 años, reciben el pasaporte diplomático. Sin embargo, dentro de esa misma legislación en el artículo 7-a, se establece que los documentos quedarán cancelados una vez la función del portador termine y deberán ser devueltos al Ministerio de Relaciones Exteriores para su cancelación.

A pesar de que la mayor parte de los diputados suplentes actuales en la legislatura mantienen el documento, desde julio del año pasado, los pasaportes diplomáticos fueron declarados inconstitucionales.

El medio de comunicación de la Prensa Gráfica pudo confirmar que no se han retirado pasaportes a funcionarios, mediante el acceso que tuvo a la Oficina de Acceso a la Información Pública de Relaciones Exteriores.
Alberto Romero, jefe de fracción de ARENA dijo que es responsabilidad de la cancillería retirar los documentos, pero aseguró que en julio del año pasado, se les dieron instrucciones a los suplentes de ARENA, de no hacer uso de dicho documento.

Por otro lado, Arnoldo Marín, exdiputado del PDC dijo que nunca han recibido de cancillería la petición de devolver los documentos.

En el artículo 5, literal z, dice que los diputados propietarios y suplentes ”tendrán derecho a obtener pasaporte diplomático para tres años, contados desde el día siguiente de concluir sus respectivas funciones”, defendió el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Primero ni se le debería dar a los diputados suplentes aunque sean legales, terminó sus funciones y punto, se le quita el pasaporte, no sé por qué se le tiene que dejar tres años, ¿ tres años para que algunos de ellos sigan contrabandeando?. Hay que terminar con la gestión de privilegios, eso es lo importante”, cuestionó el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio.

En su resolución, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucionales a los diputados, porque no habían sido producto del voto popular, como sí sucedió con los diputados propietarios.

“Por tanto, todo aquello que permitía que un diputado suplente tuviera privilegios quedó totalmente inhabilitado con la sentencia de la sala y eso implica cualquiera de los beneficios. Las instituciones deberían cumplir esa resolución y esperar a que haya una nueva elección con las condiciones que la Sala de lo Constitucional estableció para ya darle esos beneficios a los diputados suplentes que sean electos a través del voto popular”, declaró el doctor en Ciencia Jurídica y director de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Luis Mario Rodríguez.

El director de FUSADES advirtió que urge quitarle beneficios a funcionarios incluso cuando estos ya terminaron sus funciones.