Miriam Gerardine Aldana Revelo una vida al servicio público

Cuéntanos un poco sobre su trayectoria, su paso en el Órgano Judicial y su período al frente de la PGR

Esta servidora es abogada y notaria, posee una Maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz de la Universidad de El Salvador. Soy graduada de la Universidad José Matías Delgado para el año 89, y para el año 96 ya tenía mi maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz. El inicio de mi carrera dentro del servicio público fue dentro del mismo Ministerio Público, pero en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, donde hice mi carrera administrativa, comencé como colaboradora jurídica.

Al año de inicio de carrera administrativa fui designada delegada departamental en San Vicente, y al año siguiente tuve la oportunidad de ser designada como jefa de la Unidad de Evaluación de Denuncias en la PDDH.

Posteriormente ceso mis funciones en el año 2000, y en el año 2001 inicio mi carrera judicial. He tenido la experiencia de ser juez de Paz, estuve en el municipio de la Reina, en el departamento de Chalatenango, en el año 2006 se me pide por parte de la Corte Suprema Justicia y del Consejo Nacional de la Judicatura que asumiera la responsabilidad de trabajar uno de los manuales de evaluación de magistrados y jueces.

Entonces asumí, del año 2006 al año 2008, la función de Jefa de la Unidad de Evaluación de Magistrados y Jueces dentro del Consejo Nacional de la Judicatura, sin renunciar a mi carrera judicial, estuve dos años en Comisión Temporal de Servicio dentro del Consejo Nacional de la Judicatura, en el 2008 que termina mi permiso personal de servicio, inicio como jueza de primera instancia en el municipio de Sonsonate, ya como jueza del tribunal de sentencia.

Para ese momento yo ya tenía mi incorporación dentro del CNJ, a través de la Escuela de Capacitación Judicial, como capacitadora judicial, en 1998 recibo el curso de inducción y desde 1999 asumo el rol de capacitadora judicial a la fecha.

He tenido el privilegio de estar en el proceso formativo de fiscales, de defensores públicos, de funcionarios judiciales e incluso de entidades administrativas vinculadas al sistema de administración de Justicia.

En el año 2008, me incorporó en el Tribunal de Sentencia de Sonsonate, permanezco ahí hasta el año 2014. En el año 2014, en mi rol de capacitadora de la Escuela de Capacitación Judicial, recibo el proceso de inducción en el área de extinción de dominio.

Era una legislación que estaba en proceso de aprobación en El Salvador, estaba difundiéndose en todo lo que era, las características propias de la extinción, y su diferencia con el ámbito penal, tuve la oportunidad de ser de las mejores notas dentro del proceso de inducción, y de tal suerte que cuando se presenta la terna para jueces especializados en extinción de dominio me incorporan en la terna y soy seleccionada por la Corte Suprema de Justicia para iniciar la Jurisdicción Especial de la Justicia, en junio del año 2014 tuve la oportunidad de asumir el rol de jueza especializada, siendo la primera juez que asume la jurisdicción.

Aprovechando su experticia como una de las jueza que comenzó con la jurisdicción, ¿Cómo fue? Cómo fue comenzar con una jurisdicción que no se había visto en el país, ¿Cómo fueron esos primeros años?

Fue un reto, como lo ha sido la Procuraduría General, en el que tuve la oportunidad de tomar como parámetro la Constitución de la República, creo que la Constitución le da las reglas del debido proceso, que son las mismas que deben de regir el proceso de extinción de dominio como cualquier otro proceso judicial, definir los requisitos formales de la solicitud y su examen, su control y la verificación del checklist de que las solicitudes tuvieran esas características fundamentales, la definición de lo que nosotros llamamos técnicamente la teoría del caso.

¿Cuál era el sustento probatorio para validar o no las pretensiones de exhibición? Teniendo claro también que el Órgano Judicial, como contralor del debido proceso, debe generar las condiciones para que la contraparte, el representante legal de la persona afectada, como es el nombre técnico dentro de la extinción, tuviera lo que la Constitución, la garantía de audiencia y la garantía de contradicción.

Con esos parámetros el funcionario judicial genera las condiciones, el espacio, la postulación de los abogados para que en los momentos oportunos sean ellos los responsables, a partir de un principio de aportación, de cuáles son los hechos a debatir y el establecimiento del marco probatorio que se va a producir, y le permitan a uno sacarle inferencia lógica.

La complejidad del marco probatorio era enorme, usted mira los procesos de extinción y son procesos que a veces tienen más de 100 piezas cada uno, y el reto era tratar de hacer la sentencia, el contenido medular, lo más entendible posible, porque también debíamos considerar la función pedagógica del derecho, y no solamente para el personal que trabaja conjunto, sino que cada resolución se explique en sí misma para la población.

Por eso digo que fue un reto interesante, pero sabía que no solamente era Gerardine Aldana, la funcionaria judicial, era el país manejando un área novedosa, necesaria e importante que permitiera validar o no la existencia de bienes de origen ilícito o bienes de destinación ilícita.

Entonces así trabajamos hasta que se inicie el proceso de aplicación a la Procuraduría General de la República, que era una institución que desde mi perspectiva también correspondía a mis ideales como profesional y como ser humano.

La Procuraduría General es de las institución más importantes del servicio público, desde aquí tenemos la capacidad de poder ayudar en verdad a todas las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que había sido como el lado humano, que había venido primero mis padres, luego mi matrimonio, luego la conformación de mi familia trabajándolo de manera colateral.

Presenté mi propuesta de trabajo, de cómo veía la institución a la que yo había estado observando durante mis años de servicios públicos.

Podemos decir que ha tenido una trayectoria cercana a la Procuraduría, siempre atenta, justamente es más necesario consultarle cuál era el estado en el que encontró a la PGR al comenzar su período

Me encuentro a una PGR con grandes responsabilidades constitucionales y legales, pero con un diseño de atención bastante rígido; se llego al punto que era necesario que para abrir un expediente dentro de la Procuraduría, las personas usuarias tenían que desplazarse forzosamente a las procuradurías auxiliares.

Me encuentro con un personal que tenía grandes brechas salariales entre sí, con las mismas responsabilidades. Me encuentro con un problema organizacional de falta de coincidencia de los cargos nominales con los cargos funcionales, pero también me encuentro que era necesario, a partir de la dinámica del país, advertir que habían otros grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad que necesitaban ser atendidos por la Procuraduría.

Por eso, a mi llegada inicié con una evaluación diagnóstica y con un plan que, para esa servidora y su equipo de trabajo se llama Plan 100: De los hechos a las acciones, y con este plan comenzamos a trabajar todo el rediseño de las líneas estratégicas que se pedía para las nuevas cinco líneas estratégicas institucionales que nos iban a trazar el horizonte de hacia dónde quería conducir a la Procuraduría.

La primera de ellas es el fortalecimiento del talento humano, el fortalecimiento institucional, la atención de las áreas psicosociales de la Procuraduría, además de la atención de Niñez y Adolescencia, que es un grupo poblacional que siempre tiene que ser un área prioritaria desde la institución, y así comenzamos trabajando esas nuevas medidas.

En ese enfoque, ubiqué al equipo que, a mi criterio, quería que fuera la que me acompañara en la gestión. Además, tomé la decisión de romper con las modalidades tradicionales de inicio de una administración. Yo le pedí al mismo equipo que encontré aquí que fuese el equipo que me acompañara durante la gestión, ustedes pueden verificar que no moví inicialmente a nadie, sino por el contrario, establecí mi propio ritmo de trabajo.

Esta servidora pública es de las primeras personas que ingresa a la institución en horas muy tempranas de la mañana y una de las últimas que se va en la jornada de la tarde, porque sabía que es con los hechos, con el ejemplo, es que se logra generar la sinergia de trabajo. Entonces, simple y sencillamente establecí cuál era mi dinámica, a partir de mi visión institucional y generamos el equipo de trabajo con el que hemos estado manteniendo esta construcción de lo que queremos que fuera la Procuraduría.

Entonces, con esa Procuraduría me encuentro, con una Procuraduría con un presupuesto sumamente exiguo, con una plantilla de vehículos obsoletos, con una modernización tecnológica incipiente, teníamos equipos informáticos del año 2008 a los que ya ni siquiera actualizaciones podíamos hacerle, con una plataforma tecnológica que ya no nos permitía seguir resguardando la información.

Con un archivo documental deficiente, recuerdo la notificación que recibo del Instituto de Acceso a la Información Pública que la calificación que le correspondió a Gestión Documental fue cero. Sabía que tenía un problema severo con el tema de gestión documental, hemos hecho un antes y un después.

Luego de estos años bajo su gestión, si tuviera que enumerar unos pocos proyectos que usted considera los principales, aquellos que hayan marcado su gestión, ¿Cuáles mencionaría?

Diría el inicio del gobierno digital, diría la ampliación de los servicios de atención en los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad; la atención prioritaria, entre ellos los sectores de niñez y adolescencia y el de mujeres víctimas de violencia, que ha sido una de las áreas que se ha trabajado fuertemente, porque sólo teníamos a nivel de las procuradurías auxiliares de ese momento una persona referente para todo el departamento.

Entonces era imposible, con los escenarios de violencia que viven las mujeres y los niños y los adolescentes, que tuvieran la oportunidad de atenderlos y de tener incidencia significativa dentro de los aspectos administrativos, en las Junta de Protección o dentro del ámbito jurisdiccional, las intervenciones de la Procuraduría son diversas.

Y diría que una de las áreas donde hemos tenido mayor incidencia es la intervención de saldos acumulados, es un área problemática, me encuentro con 2.2 millones de dólares sin pagar de cantidades dinerarias en las cuentas institucionales, números históricos desde la creación, no es un problema de un par de años, es un problema de décadas, durante los 83 años de vida institucional, los saldos han sido el deber histórico institucional.

Ante eso había necesidad de intervenir, por eso creo que los proyectos más grandes han sido esos en las áreas de atención a la persona usuaria, pero al interior de la Procuraduría también el fortalecimiento institucional creo que la motivación, la generación de los incentivos, nosotros teníamos muchas personas que habían dejado de estudiar por motivación son personas con muchas capacidades a las que lo único que necesitamos es darse cuenta que se podía hacer carrera administrativa, que es posible el ir reconociendo las capacidades sobre la base del servicio y de la calidad que brindaban para ir teniendo una mejora paulatina.

El año pasado se aprobó la nueva Ley Orgánica, fue proceso largo de consultas que se impulsó fuertemente desde la PGR. ¿Era necesario una nueva ley orgánica de la PGR?

Cuando usted analiza ese análisis diagnóstico del que he hablado, nos dábamos cuenta que era no solamente bastaba una modificación a partir de acuerdos administrativos, aunque fue la primera medida que se considero y se comenzó a implementar para generar un rápido cambio, las primeras medidas de cambio de transformación, fue crear Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas.

Así también, se crearon unidades de atención de las personas desplazadas internas producto de la violencia, unidades de atención virtual, lo que que nos permitiera comenzar a transformar la manera en cómo nos acercamos nuestro servicio; ahora brindamos todas las orientaciones y las asesorías en todo el país a través de una unidad de pensión virtual, cuando eso era imposible, hemos creado números telefónicos específicos para la atención de mujeres víctimas donde comenzamos, transformando la unidad de atención a la persona usuario.

Pero necesitábamos ir más lejos y profundo, lo que hicimos con la Ley Orgánica fue institucionalizar y darle permanencia a las nuevas formas de atención, a una atención flexible, a una atención que fuera graduándose y adaptándose a los cambios de la realidad en nuestro país, de acuerdo a cómo van ubicándose lamentablemente las personas en esas situaciones o en esas condiciones que eventualmente resultan ser permanentes, pero que deben de ser atendidas por las instituciones del Estado.

Incluso del nuevo proceso de régimen disciplinario, ahora dentro de las condiciones que implican conductas graves es tratar de manera discriminatoria, utilizar un lenguaje estigmatizaste, cobrar por servicios profesionales gratuitos que brinda la Procuraduría.

Creamos una unidad de quejas y denuncias desde donde la población puede venir a externar no solamente disconformidades, sino también aquellos casos en los que ya resultan ser constitutivos de infracciones mucho más graves.

Rediseñamos la idea de los procesos formativos, ya un proceso formativo no solamente tiene un carácter sancionatorio, sino tiene un carácter de generación de nuevas competencias, lo que antes era la Escuela de Capacitación Judicial, ahora se convierte en centros de formación, de análisis y de investigación jurídica.

Aquí tenemos la posibilidad de reunir todas las decisiones judiciales en todas las áreas, trabajamos en estudio que nos diga si los jueces de Occidente resuelven de la misma manera que los jueces de Oriente, sí estamos respondiendo al mismo fenómeno de violencia o de discriminación entre los jueces del centro o los jueces de la zona paracentral.

Entonces, ante todo ese nuevo escenario, comenzamos a redefinir la forma de atender las áreas de atención y los procesos que iban a centrarse en un eje transversal en discusión, como lo es la Dirección de Integridad, a partir de una política de integridad pública y de gobierno abierto, en el que la rendición de cuentas, la transparencia, la ética pública, las consultas ciudadanas se convirtieran en los ejes transversales de nuestro trabajo.

Si ustedes miran, comprenderán bajo esta dinámica de la política de integridad, por qué nosotros publicamos cuando vamos a tener procesos de licitación pública, publicamos la cantidad de dinero que recibimos y la cantidad de dinero que pagamos en cuotas alimenticias, los procesos de contratación, cuando no son especializados los sacamos a concursos públicos, difundimos bajo este diseño la posibilidad de presentar quejas y denuncias desde la institución y le damos el seguimiento oportuno.

Entonces, todo esto obedece a esa nueva visión de la institución y por supuesto, para poder darle permanencia. Necesitábamos una ley orgánica que nos permitiera no solamente la flexibilidad en el servicio, sino también una política de integridad en la materialización de la política de integridad a través de la creación de esas nuevas unidades que nos permiten darle un mejor servicio a la población.

Entonces, todo esto que usted ve en la nueva ley orgánica está orientado a mejorar la calidad del servicio hacia la población usuaria y que la población usuaria tenga derechos.

También reconoce los derechos de la persona usuaria, nos genera a nosotros, en contrapartida, una obligación de estar informando periódicamente del estado de los expedientes o habilitar, aquí es donde viene el gobierno electrónico conducirnos hasta la habilitación de generar tanto inicio de expedientes en línea como consulta de expedientes en línea que la persona que sabe cuál es su número de expediente ingresa a un aplicativo y pueda verificar el estado actual del expediente.

Por esta razón, era necesario una nueva ley orgánica que nos permitiera ir estableciendo estas nuevas condiciones del servicio con la posibilidad de la contraloría permanente de la persona a quien nosotros le brindamos el servicio.

Luego de estos meses de aplicación de la ley, ¿Qué puntos cree que pueden afinarse y que pueden mejorarse de la normativa?

Podemos mejorar todavía el trabajo en territorio, nos hace falta ir haciendo ajustes. Ya tenemos la base consolidada, ahora necesitamos continuar el desplazamiento a territorio. Nosotros tenemos un servicio, el que hemos llamado itinerante, confío en que se va a convertir en la Procuraduría Auxiliar Móvil que tenga la posibilidad de atender no solamente a personas que tengan dificultad de acercarse dentro del territorio nacional, sino que podamos ir al extranjero a brindar nuestros servicios hacia la población de salvadoreños y salvadoreños en el exterior.

Esta servidora, en diciembre del año 2019, hizo la Ruta del Migrante tuvimos la oportunidad de trasladarnos por tierra desde El Salvador hacia México y en esa ocasión generamos las condiciones tanto para reunirnos con los representantes permanentes, las regiones permanentes del Salvador en cada uno de los países, como con las organizaciones de sociedad civil.

Sabemos que cuando una persona decide migrar, por las razones que sea aunque lo ideal es que no lo hiciera, pero si toma la decisión necesita un acompañamiento. Probablemente se han ido con sus hijos e hijas, no llevan los certificados de estudios, no llevan certificaciones de partida de nacimiento, probablemente dejaron sus casas, ni siquiera en el otorgamiento de poderes administrativos a favor de personas allegadas o familiares para que le continúen viendo toda la dinámica y los problemas locales que se han generado.

La generación de la ruta del migrante, y el conocer de primera mano la situación de vivirla, lo que implica un desplazamiento por tierra hacia estos lugares, me permitió tener claridad que necesitamos generar una procuraduría conjunta móvil que cubra los problemas también a nivel nacional, a nivel local, una persona con discapacidad que no puede acercarse con discapacidad física, con discapacidad visual; una persona que vive en los lugares más pobres del territorio, que no logra tener cantidades dineraria suficientes para desplazarse en una unidad de transporte colectivo y llegar hasta las procuradurías.

Bajo esta visión a nivel de territorio interno, trabajaríamos con alcaldes para que ellos, que son los líderes innatos de las comunidades, nos vayan informando qué necesidades tienen estos caseríos, esos cantones, estos grupos poblacionales para poder trasladar servicios de familia y servicios de mediación para generar convivencia ciudadana, que es otra de las grandes apuestas que estamos haciendo desde la institución.

Así que eso sería como los cambios que vamos a ir orientado a la regionalización de los servicios hay que desconcentrar el trabajo institucional, hay que desconcentrarlo porque por ahora, con los refuerzos presupuestarios que hemos venido teniendo, tenemos ya unidades más consolidadas.

Sin lugar a dudas, todos quisiéramos una mayor digitalización, una mayor integralidad en la prestación de los servicios en su aspecto digital, pero su implementación suele ser complicada. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue comenzar con sus proyectos de asesoría en línea por teléfono?

Para el año 2019, con el inicio del confinamiento domiciliario provocado por el COVID19, nos hizo acelerar algunos procesos que ya estaban diseñados. Lo primero de ellos fue un cambio de la plataforma digital, teníamos que tener una plataforma robusta eso fue una de las inversiones más fuertes que hemos tenido como institución.

Invertimos más de $300,000 en la modernización de nuestra plataforma, que nos soportara toda la información que íbamos a comenzar a generar.

Luego nos enfocamos en la transformación de la forma de cómo recibir las cuotas alimenticias, hasta este momento una persona pagaba la cuota en un banco, le daban su comprobante de pago, venía a la Procuraduría, dejaba el comprobante de pago, hacíamos la conciliación y luego hacíamos el depósito.

Entonces necesitamos cambiar esa forma ¿Por qué? Porque tenemos más de 32,000 niños y adolescentes que dependen del pago de la cuota alimenticia, el confinamiento nos obligaba a repensar la forma en como brindar los servicios, lo primero que hicimos fue contratar 50 equipos informáticos para nuestros pagadores y nuestros conciliadores.

Modificar los convenios que teníamos con las instituciones bancarias, generar el pago de las cuotas en línea a través de correos electrónicos, implicó la compra de todas las licencias que nos permitieran contar con correos electrónicos para todas las personas que estaban en función del servicio.

Por otra parte, el confinamiento implicó comenzar a generar líneas telefónicas para atender casos concretos, 2231-9595 la primera línea que habilitamos para la atención de mujeres víctimas de violencia.

Hubo casos en las que muchas mujeres nos dijeron le estoy llamando encerrada en el baño, porque me quiere agredir mi compañero de vida. Si no hubiéramos tenido ese cambio habríamos dejado desprotegido a muchas personas, pues cuál era el método tradicional acercarse a una procuraduría auxiliar, interponer la denuncia, y le vamos a estudiar el caso y luego le vamos a dar el acompañamiento.

El COVID19 lo que hizo fue acelerar los procesos, habilitamos una línea telefónica para atender a las personas con discapacidad auditiva en lengua LESSA, donde también desde ahí intervenimos casos, recuerdo un caso de una persona con una discapacidad auditiva a quien le ayudamos para que la policía se activara y recuperamos el hijo de esta mujer que era víctima de violencia por parte del padre del menor que se lo había llevado luego de un escenario de violencia que se había presentado.

Y luego, el inicio del Call Center que nos habilitó el uso de todas las áreas de tecnológicas, y del uso de todas las herramientas de la tecnología de información. Habilitamos nuestra página de Facebook, nuestra página de Instagram, nuestra página de Twitter, la página oficial de la Procuraduría, para que partir de cualquiera de esas redes sociales y de esos mecanismos tecnológicos comenzáramos a recibir y a devolver la información.

Hicimos una transición al Gobierno digital que ha sido complicada por la falta de modernización, pero iniciamos la primera etapa de la modernización con el cambio de todos los equipos informáticos a nivel nacional, llevamos ya la segunda etapa de esa modernización y este año confiamos terminar la última etapa.

Eso significará que todo el personal de la Procuraduría tendrá las herramientas informáticas necesarias para poder recibir casos, entrevistar a personas a través de plataformas como la Microsoft Teams, celebrar audiencias judiciales, de penales y de cualquier otra índole a través de la herramientas digitales.

Hemos creado, por el momento, en San Salvador, San Miguel en San Vicente y Santa Tecla, cabinas virtuales para que las personas que están en alguna situación de riesgo por enfermedad de nuestro equipo celebre audiencias virtuales desde las cabinas virtuales.

Hemos generado las capacitaciones en línea, tenemos más de 400 procesos formativos sumados en los que nuestro equipo de Defensoría ha recibido capacitaciones en línea para que el obstáculo no sea la necesidad de desplazarse y con ello le garantizamos el licenciamiento social.

Entonces, ese proceso ha ido en esta dinámica orientada paulatinamente hasta llegar al proceso de la digitalización de los expedientes. Es toda una dinámica. Por eso hablo que ha sido como por etapas, el proceso de digitalización la llevamos en la segunda etapa. Son cinco de las etapas que termina en una automatización de sistemas informáticos.

Cuando recibo la Procuraduría había un sistema de información gerencial para penal, para familia, para laboral, para personas, para servidoras públicas, algunas ni siquiera tenían sistema de información gerencial. Entonces, ahora vamos en el segundo paso en el que estamos generando un solo sistema de información gerencial, lo hemos estado trabajando desde el año 2019 como proyecto piloto con la Defensoría Pública Penal.

Con el PNUD estamos desarrollando un sistema de alertas en los equipos informáticos, eso significa que el defensor cuando se le venza un plazo para presentar documentación se le mandé una alerta que está próxima a vencerse el plazo, que si tiene una intimación que contestar por un traslado judicial, que le suene la alerta de que tiene una intimación. Si un defensor laboral sabe que los 90 días que se le venzan para una presunción legal tiene que presentar una demanda, entonces que le genere la alerta para la demanda.

Así hemos ido de manera sistemática, planificada con antelación, generando las transiciones hacia ese gobierno digital que nos permita el uso de las tecnologías para ir mejorando tanto el servicio, la persona usuaria como los servicios internos que ya los utilizamos. Nuestro sistema de marcación ya no es con la mano, ahora es con el rostro.

Tenemos un link si hay personas que por cualquier razón tienen que hacer trabajo a distancia, hay un link donde hacen su proceso de marcación y hacen su devolución de las metas que tenía que cumplir en esa semana para la evaluación y la Contraloría que nuestra Dirección de Talento Humano tiene que ir haciendo.

Hay dos proyectos en los que me gustaría profundizar, la línea LESSA y la línea de crisis, ¿Cómo fue su implementación?

Generar la utilización de una herramienta que nosotros adquirimos, que era un PBX que permitiera que independientemente de dónde se estuviera haciendo la llamada y las líneas estuviesen saturadas, generar la distribución de la llamada a las personas que estaban atendiendo en ese primer momento lo hicimos a través de las psicólogas, del área psicosocial de la institución que estaban distribuidas en todo el territorio nacional para ayudar a las mujeres primero a salir del momento de crisis en el que se encontraba y luego para poderles trasladar hacia una abogada o abogado que les orientara sobre cómo acceder a la justicia, y las coordinaciones con Fiscalía General de la República para que pudiera recibir la denuncia o por la generación de las medidas de protección en los juzgados especializados para una vida libre de violencia para las mujeres.

En el área de la atención de las personas con discapacidad fue mucho más complejo porque la Procuraduría, desde la Unidad de Atención a Víctimas, habíamos creado a ese momento una mesa de diálogo permanente con las personas con discapacidad. Ya habíamos hecho un recorrido guiado, y habíamos comenzado trabajando en la señalética dentro del edificio las adecuaciones que hemos hecho de la infraestructura de la Procuraduría. Si usted pasa y hace un recorrido, verá que en las primeras dos unidades, los primeros dos niveles del edificio, estamos dejando la atención de la persona usuaria.

La persona usuaria ahora ya no tiene que subir a la 4.ª planta para ser atendida, por ejemplo, en mediación o para recibir una asesoría de manera inmediata. Así que, el pensar en ellos fue una necesidad de eminente, ya nosotros habíamos comenzado también teniendo otras iniciativas como rendición de cuentas en lengua braille.

Ahora necesitamos pasarla a cómo atenderlas, debido a las condiciones de confinamiento creamos una línea especial para ella, la persona que había estado trabajando en los procesos de enseñanza al personal interno en lengua LESSA es quien comienza brindando la asesoría técnica y el acompañamiento con un área legal.

A esas alturas, como Procuraduría en atención a las personas con discapacidad, hemos desarrollado dos cursos, un curso básico y un curso intermedio, para que tengamos un referente de atención a las personas con discapacidad y en particular a las personas con discapacidad auditiva, para que puedan hablarles en lengua LESSA y darles el acompañamiento y garantizar así el acceso a la justicia.

Las salas de escucha activa es para garantizar el derecho de la niñez y adolescencia de ser oída, de ser escuchada y de que sus decisiones sean tomadas en cuenta. Entonces, las salas de escucha activa las hemos ido generando en las principales procuradurías auxiliares que tienen mayor intervención y son en aquellas donde hay juzgados especializados de niñez y adolescencia. Y recientemente, en atención a ello, la creación de un equipo especializado de adoptabilidad con la entrada en vigencia de la reforma de la Ley Especial para Adopción.

Entonces ha sido así la forma en cómo gradualmente hemos ido incorporando el tema de atención a grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, en el caso de mujeres a partir de una política de inclusión y no discriminación.

En el caso de las personas con discapacidad a partir de la creación de la política de inclusión, que son dos políticas aprobadas en mi gestión, que obligatoriamente transversalización un enfoque de derechos humanos que queremos que se tengan en cada una, ahora ya no de 17 sino de las 18 procuradurías auxiliares, porque abrimos una Procuraduría Auxiliar en el Puerto de la Libertad, desde donde la atención de niñez y mujeres son dos de las áreas que mayor incidencia están presentando.

¿Qué podemos esperar de la PGR en el futuro?

La consolidación de un modelo de atención mediante el uso de las herramientas de la tecnología de la información y la comunicación. Nos hace falta consolidar la integración de una ruta de atención a mujeres víctimas de violencia que nos permita convertir a las mujeres de víctimas a sobrevivientes.

Nos hace falta trabajar en territorio, desarrollar la estrategia de mayor acercamiento de la Procuraduría hacia las personas usuarias en territorios, directamente en territorio, y hacerlo no solamente en el territorio nacional, sino también con nuestra diáspora y con el trabajo de salvadoreños en el extranjero.

La unificación del sistema de saldos acumulados y el cumplimiento de una obligación dispuesta por el 253-A del Código de Familia, que es el contar con una plataforma que le permita a las personas que tienen la obligación del pago de cuotas alimenticias saber si está o no solvente, y si no lo estuviera generar los mecanismos de control para el cumplimiento de las cuotas alimenticias.

Y diría que continuar un proceso de trabajo al interior del talento humano, la Procuraduría tiene personas con muchos años de servicio por ahora y estamos generando las condiciones para un retiro digno y un retiro voluntario mediante una compensación económica, pero necesitamos seguir trabajando en la generación de la empatía en el servicio, en la transversalización de las políticas, en los modelos de atención y la incorporación del trabajo joven.

Confío en que si se me da la oportunidad de continuar, haremos vida desde la Procuraduría para el cumplimiento también de la política es mi primer empleo. Las mejores personas, los mejores profesionales jóvenes que entren a un sistema de pasantías desde ahí vamos a hacer un proceso de migración para que se conviertan en los futuros defensores y defensoras públicas.

Formamos al profesional joven y le damos la oportunidad de que próximamente se convierta en defensor, esto va de la mano con el fortalecimiento del talento humano. Así que ahí esto serían algunos de los principales áreas de trabajo que necesitamos desarrollar.