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Ministro de Seguridad asegura que reformas a Ley contra el Crimen Organizado buscan “encargarse” de pandillas, no prolongar detenciones

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El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, afirmó este lunes que las recientes reformas a la Ley contra el Crimen Organizado no buscan prolongar la detención provisional de los capturados durante el régimen de excepción, sino garantizar el control efectivo sobre las organizaciones criminales.

“No es para prolongar la detención. Estas reformas, presentadas hace 15 días a la Asamblea Legislativa, buscan encargarnos de estas organizaciones y cumplir lo que le prometemos a la población: que estos asesinos seriales no volverán a salir”, declaró Villatoro en la entrevista televisiva Frente a Frente.

El funcionario no descartó que en el futuro se presenten nuevas reformas legales para procesar a los miles de detenidos durante el régimen de excepción, a quienes el gobierno identifica como pandilleros.

El pasado 15 de agosto, la Asamblea aprobó una modificación a la ley que permite que los detenidos durante el régimen de excepción permanezcan en prisión hasta dos años adicionales, mientras la Fiscalía presenta acusaciones formales. La reforma entró en vigencia de inmediato y, según la asociación Cristosal, podría implicar que algunos detenidos permanezcan hasta cinco años sin condena.

Actualmente, el gobierno registra cerca de 89,000 supuestos pandilleros bajo régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022. Los casos serán procesados por 44 jueces especializados en crimen organizado y 300 auxiliares de la Fiscalía, quienes deberán sustentar pruebas en 600 procesos judiciales.

Todos los procedimientos judiciales se llevan a cabo bajo reserva, y la Corte Suprema de Justicia ha centralizado recientemente los Tribunales de Crimen Organizado en Soyapango. Estos tribunales permiten la designación de jueces sin rostro y prohíben la cobertura periodística, según lo estipula la ley.

Con estas reformas y reorganización judicial, el gobierno busca consolidar un sistema que, según Villatoro, impida la reincidencia de los miembros de pandillas y fortalezca la seguridad pública en el país.

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