Migración y falta de participación política de salvadoreños en los Estados Unidos

Por: Mirna Velásquez, defensora de los derechos del inmigrante y trabajador en Nueva York, Estados Unidos. 

Crecí en Santa Tecla observando una sangrienta guerra civil entre el ejército gubernamental, los insurgentes y los escuadrones de la muerte el cual dejó numerosas violaciones de derechos humanos, 90 mil asesinados, 8 mil desaparecidos, más de un millón de desplazados y 500 mil refugiados en otros países.

Las gestiones realizadas por el embajador Álvaro de Soto, asistente personal y consejero político de dos Secretarios Generales de las Naciones Unidas, altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y la comunidad internacional durante las negociaciones de los Acuerdos de Chapultepec en enero de 1992, despertaron mi interés en la política y relaciones internacionales.

Las estipulaciones de los Acuerdos de Paz prometían un fin a las hostilidades, defensa de los derechos humanos, desarrollo económico y social entre otros, pero El Salvador aún no ha podido lograr estabilidad, seguridad o prosperidad a pesar de haberse implementado varias reformas estructurales.

Los principios fundamentales de la democracia han sido violados administración tras administración, lacerando la credibilidad en sus instituciones gubernamentales. Por otro lado, la implementación de políticas neoliberales, pobreza y desempleo, altos índices de violencia y crimen organizado, degradación ambiental y exclusión social siguen fomentando el lucrativo negocio de la migración donde los coyotes y su red de traficantes extorsionan a gente de bajos recursos, al cobrarles cantidades exorbitantes por cruzarlos en la frontera de forma irregular.

De acuerdo a la oficina del censo, los salvadoreños somos considerados el tercer grupo de latinos más grande en el país donde existe un estimado de 1.35 millones de connacionales registrados independiente de su estatus legal.

Geopolíticamente hablando, Centroamérica siempre ha sido una zona estratégica para los intereses de los Estados Unidos. Su política exterior durante la Guerra Fría le hizo intervenir y patrocinar los conflictos internos de varios países con armamento y dinero, contribuyendo a la prolongación de las guerras y desestabilización que aún se sufre hoy en día. Es una ironía que los salvadoreños aún nos veamos forzados y/o motivados a migrar principalmente a este país buscando seguridad y la falacia del sueño americano.

La renuente cooperación del gobierno de los Estados Unidos en otorgar estatus de refugiado a los exiliados desde los inicios de la guerra en los 80’s y políticas migratorias obsoletas, nos han dificultado estabilizarnos y desarrollarnos. Sin embargo, es imperante reconocer que nuestra actitud consumista y negligencia, al no familiarizamos con las políticas y servicios al constituyente ofrecidos en el estado y ciudad donde residimos, participar en la esfera pública; fomentar la importancia de la educación e ignorar nuestros derechos y beneficios, no nos han permitido obtener representación ni respeto político, así como tampoco dejar de ser vistos como una clase trabajadora que solo puede desempeñarse en trabajos de servicio mal pagados y sin derechos laborales.

Por más de una década tuve el privilegio de trabajar para uno de los miembros de más alto rango en el Congreso desempeñándome como directora de Asuntos del Inmigrante y Consulares. Como salvadoreña e inmigrante, tenía el compromiso de abogar por nuestra gente y utilizar las herramientas y recursos a mi disposición, para exponer la problemática migratoria y política de los países del Triángulo Norte de Centroamérica a otras autoridades gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal. Entre muchas actividades que realicé en favor de los migrantes, uno de los más importantes es la asistencia a  mujeres detenidas por autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés.)

El arresto y encarcelamiento de menores no acompañados y mujeres en prisiones privadas en la frontera sur con México; y el alarmante incremento de las deportaciones durante la administración del presidente Barack Obama, urgió a unirme a la Coalición de Inmigrantes en NY, organizaciones de derechos humanos y la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración para denunciar las continuas violaciones de derechos humanas cometidas.

En Agosto del 2015 hice un voluntariado con el Proyecto ProBono en Detención de Familias CARA para asistir a mujeres e hijos encarcelados en el Centro Residencial del Condado de Karnes en Texas, uno de los 113 centros de detención administrado por ICE, con la elaboración de declaraciones para la aplicación de asilo (forma I-589), apelaciones y charlas de orientación.

Fue doloroso atestiguar los abusos y las circunstancias míseras a las que nuestras mujeres y niños habían sido sometidas después de haber escapado de relaciones abusivas y pobreza, pero también haber sido expuestas a peligros y violaciones en su trayectoria. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en Inglés), el costo de mantenimiento por niño y madre detenidos es $319.00 por día.

La prepotencia de los jueces, negligencia de oficiales, propia representación legal, preparación del aplicante en exponer y defender su petición conllevaron a la negación de muchos casos. Era común observar detenidas recluidas por meses, dado que habían sido abandonadas por miedo o falta de dinero para pagar las altas fianzas para ser liberadas. El caso de la connacional Sara Beltrán fue uno de mayor relevancia a nivel nacional gracias a la intervención de congresistas, cabildeo por parte de organizaciones de derechos humanos, cobertura de los medios de comunicación y lo más importante, el apoyo de la comunidad. Sara permaneció encarcelada por 15 meses a pesar de haber sido diagnosticada con un tumor cerebral.

Migración es asunto federal legislado por el congreso, pero cada estado tiene sus regulaciones. Es imperante familiarizarnos con la constitución, las acciones ejecutivas del presidente, sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia, y los reglamentos de todas aquellas agencias gubernamentales relacionados a la materia. Todo inmigrante tiene derechos y responsabilidades independientemente de su estatus legal. No podemos continuar perpetuando esta esclavitud moderna. Es nuestro deber educarnos, organizarnos y unir esfuerzos con organizaciones que han abogado por más de 40 años por la comunidad Salvadoreña.

Para averiguar quién es su representante en la cámara baja del congreso ir a www.house.gov y su senador en la cámara alta (2 por estado) www.senate.gov.