Magistrados de Brasil hablan de regulación digital ante el fracaso de la autorregulación de las redes sociales y del beneficio del “caos informativo”

Durante la conferencia internacional GlobalFact celebrada en Río de Janeiro, magistrados de la Corte Suprema de Brasil y altos funcionarios del Ejecutivo afirmaron que las grandes plataformas tecnológicas se benefician de la desinformación y urgieron a establecer una regulación estatal para proteger las democracias.

En un panel sobre el impacto de la desinformación en los sistemas democráticos, los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia y Alexandre de Moraes, junto al Abogado General de la Unión, Jorge Messias, criticaron duramente el modelo de negocio de las redes sociales, que —según denunciaron— prioriza el lucro por encima de la verdad y alimenta el caos informativo.

“El modelo mundial acabó”, sentenció la magistrada Carmen Lúcia, al advertir que las plataformas digitales amplifican mentiras con algoritmos opacos y manipulan decisiones individuales sin que las personas lo noten. Según explicó, la desinformación contemporánea no solo fragmenta la realidad, sino que erosiona la autonomía y el pensamiento crítico, generando un “servilismo digital”.

Por su parte, Alexandre de Moraes sostuvo que las redes han fallado en su autorregulación y se han convertido en herramientas de violencia política, racismo y ataques a la democracia. Mostró ejemplos de contenido ilegal difundido en plataformas y enfatizó que la libertad de expresión “no es libertad para destruir el orden democrático”.

La postura del STF se ha reflejado en decisiones recientes, como la que obliga a las redes sociales a remover contenido ilegal sin necesidad de orden judicial previa, en respuesta a la desinformación relacionada con actos antidemocráticos. Esta medida anula parte del Marco Civil de Internet de 2014, generando controversia dentro y fuera del país.

Jorge Messias, quien cerró el panel, subrayó que el problema no radica en la tecnología en sí, sino en su orientación puramente comercial. Advirtió que, mientras Brasil no desarrolle tecnologías propias, seguirá expuesto a intereses externos. “El 85 % de los brasileños se informa por redes sociales, pero somos el país con menor capacidad para distinguir noticias falsas”, alertó.

En conjunto, las intervenciones reflejan una creciente preocupación en Brasil sobre el poder de las plataformas digitales en la formación de la opinión pública y su impacto en la estabilidad democrática. El llamado a una regulación más estricta podría influir en el debate legislativo de otros países de América Latina, donde también se enfrentan desafíos similares en torno a la desinformación y el papel de las big techs en contextos electorales.