Magistrado de Corte Suprema sostiene que reformas judiciales son “necesarias” y sugiere algunas reformas

El presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Quinteros, sugirió ante la comisión de seguridad nacional y justicia de la Asamblea Legislativa que se modifiquen los plazos máximos de detención provisional.

En términos generales, dijo que con “las reformas propuestas, nos ponemos a la vanguardia en materia judicial. Me parece acertado que ahora que el país está viviendo una nueva realidad, reforcemos el ámbito de protección de otros bienes jurídicos que son relevantes para la colectividad. A todos nos preocupa el patrimonio», explicó.

Destacó que las reformas son esenciales para fortalecer la capacidad del órgano judicial y optimizar los mecanismos de solución inmediata para la población.

Entre las enmiendas propuestas, se contempla la ejecución de la responsabilidad civil de los condenados, asegurando así el derecho de las víctimas.

La iniciativa del Ejecutivo plantea que la detención provisional pueda extenderse hasta la mitad de la pena máxima del delito. Por ejemplo, en el caso de un delito con una pena máxima de 10 años, la detención podría prolongarse hasta 5 años.

Quinteros sugirió que se podría mitigar el riesgo de que esta medida se considere como una pena anticipada al abordar el asunto de manera diferente.
Propuso que se incluyan causas para la suspensión del plazo máximo de detención, lo que permitiría descontar del tiempo total aquellos periodos en los que el proceso judicial se retrase por factores como pericias complejas o conflictos de competencia.

Además, planteó la posibilidad de agregar un inciso al artículo 8 del Código Procesal Penal, que permitiría la suspensión del plazo de detención en casos excepcionales, a solicitud del fiscal o de oficio, considerando las particularidades de cada caso.

Quinteros también abordó la reforma al Código Penal, que propone el aumento de penas para delitos como hurto, robo y estafa.

En particular, el robo agravado podría ver un incremento significativo en su pena, pasando de 8 a 12 años a una condena de entre 20 y 30 años.