Luces y sombras en elección de magistrados de CSJ

Conforme lo establecido en la Constitución de la República, la atribución fundamental de la Asamblea Legislativa es la de legislar. Sin embargo, este cuerpo colegiado tiene otras atribuciones sumamente relevantes, como la de elegir a quienes integran y presiden importantes instituciones como la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas de la República, el Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía General de la República, entre otras.
Tradicionalmente, en el proceso de elección de segundo grado ha habido más sombras que luces. Durante mucho tiempo no se ha visto como algo anormal que se seleccione a las personas por su cercanía con determinado partido político, no ha causado extrañeza que se elija fuera del plazo establecido y no se ha cuestionado que se cuente con poca información sobre quienes aspiran a un determinado cargo público. Afortunadamente, esto ha ido cambiando, por lo que ahora tenemos un poco más de apertura a este respecto, aunque todavía es insuficiente.
El trabajo efectuado desde algunas instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, ha permitido incorporar elementos de transparencia en estos procesos, y ha contribuido a que los salvadoreños reconozcan la importancia de la elección indirecta de funcionarios. Particularmente, a lo largo de este año se ha hablado ampliamente de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pues el pasado 15 de julio finalizó el periodo de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional y una magistrada de la Sala de lo Civil.
Desde finales de 2017, dimensionando la importancia de la elección que se avecinaba, el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, iniciativa de la cual forma parte la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), así como otras organizaciones nacionales e internacionales y grupos ciudadanos, han venido dando seguimiento al proceso de elección, destacando la importancia de elegir bien y elegir a tiempo a los 5 nuevos magistrados de la CSJ.
Es importante reconocer que la etapa de pre-selección de candidatos ha tenido mejoras con respecto a elecciones anteriores, particularmente en lo que compete al Consejo Nacional de la Judicatura, sin embargo, no puede afirmarse que, como resultado de ese proceso, los 30 candidatos que se encuentran en la lista remitida a la Asamblea Legislativa cuentan con un perfil idóneo para ser magistrados de la CSJ o, de manera más específica, para ser magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Se reconocen también cambios positivos en las entrevistas realizadas por la Subcomisión a cargo de evaluar los candidatos: en términos generales se mejoró tanto la duración de las mismas como las preguntas realizadas y se permitió la participación de la ciudadanía. Indudablemente, las entrevistas son de vital importancia en este proceso, pero no contar con un mecanismo que permita evaluar de forma objetiva a los candidatos, limita su utilidad.
A excepción del diputado no partidario quien compartió el baremo utilizado para evaluar a los entrevistados, hasta el momento, los partidos políticos se han limitado a presentar listas de sus “favoritos” para desempeñar el cargo de magistrados.
Afortunadamente, aunque los diputados no hayan empleado tablas de evaluación para identificar quienes son las personas que están mejor preparadas para ser magistrados de la CSJ, las entrevistas han permitido a la ciudadanía identificar quienes cuentan con competencia notoria, y también quienes no deberían ni siquiera ser considerados para integrar la CSJ.
Aún cuando diputados de diferentes fracciones en varias ocasiones manifestaron su deseo de elegir a los nuevos magistrados en el plazo establecido, así como de basar la elección en el mérito y no en repartos partidarios, esto se quedó únicamente en un deseo.
Los diputados estaban en la obligación de elegir antes del 16 de julio a las personas que sustituirían a los magistrados salientes y no cumplieron con dicha obligación. Además, el intercambio de listas con los nombres de los candidatos que apoya cada partido, orientan a que la elección no se está haciendo privilegiando el mérito.
Declaraciones brindadas por legisladores de diferentes grupos parlamentarios durante los últimos días no resultan alentadoras. Mientras algunos restan importancia a la necesidad de elegir a tiempo a los magistrados, indicando que “no se va a caer el mundo” si se atrasan unos días en elegirlos, otros confirman que no están eligiendo premiando la honorabilidad y competencia notoria, diciendo que “si fuera con base a la meritocracia ya hubieran elegido”.
Los diputados de la Asamblea Legislativa son representantes de todos los salvadoreños, por lo que no pueden desentenderse de sus responsabilidades. Han tenido tiempo suficiente para cumplir su trabajo: deben elegir ya porque no podemos darnos el lujo que nuestro máximo tribunal de justicia esté parcialmente integrado, y deben elegir a los mejores porque el país necesita funcionarios competentes e independientes, dispuestos a trabajar con diligencia para todos los salvadoreños y no respondiendo a intereses particulares.