"Los trabajos de la Sala de la Constitucional actual merece conservarse"

1- ¿Considera que usted es la mejor opción para ser magistrado? ¿Por qué?

No, dentro de los candidatos hay magníficos prospecto y creo que la humildad es una buena pauta de conducta. Sin embargo, considero que soy idóneo para el cargo y por eso me he lanzado a esta campaña con todo el entusiasmo necesario.

2- ¿Cuáles son sus propuestas?

Entre otras, mis compromisos y lineamientos comprenden:

a) La defensa de la independencia judicial y de la separación entre los órganos del Estado, y procurar un buen control constitucional de las actuaciones gubernamentales.
b) La decisión indeclinable de forjar el entendimiento patriótico y la armonía entre los magistrados, para obtener acuerdos basados en el diálogo y el respeto.
c) Cumplir el mandato constitucional de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional, con fidelidad y esmero, así como pugnar por una justicia pronta y cumplida.
d) La austeridad y el manejo impecable de los fondos asignados a la Corte y la defensa del 6% del presupuesto del Organo Judicial
e) El fortalecimiento institucional, mencionando al respecto las competencias de la secciones de probidad, notariado, investigación profesional y judicial
f) Atención a los requerimientos plausibles de los tribunales de todo el país, defensa de los derechos de los trabajadores del Órgano Judicial… entre otras

3- ¿Haría cambios en los trabajos que ya ha realizado la Sala de lo Constitucional?

Si, si lo considerara pertinente, según el caso planteado. El derecho no es estático, se transforma, y el cambio en la vida social da lugar al cambio jurídico. Por supuesto que el grueso de los trabajos de la Sala de la Constitucional actual merece conservarse y ha generado una jurisprudencia de valiosos precedentes.

4- ¿Qué opina de que las sesiones de corte pleno y sala sean públicas, desde esta nueva magistratura?

Creo que sería muy conveniente que las sesiones de corte plena y sala fueran públicas de manera general, teniendo en cuenta el valor de la transparencia judicial y el derecho de acceso a la información pública, respetando los ámbitos de reserva y de confidencialidad que la Constitución y la ley establecen.