Los retos que enfrentará el mercado bursátil en El Salvador

Benjamín Valdez Iraheta | Abogado especialista | Socio en Benjamín Valdez & Asociados

Para entender lo que le depara al mercado bursátil en El Salvador y a la rama del Derecho que lo regula, debemos tener clara cuál es la principal finalidad de los mercados bursátiles y cuáles son las herramientas con las que se cuenta en la actualidad para llevar a cabo esa finalidad. En los términos más sencillos posibles, los mercados bursátiles son mecanismos que permiten garantizar la eficiente asignación del ahorro a la inversión. En otras palabras, su principal tarea es facilitar que el ahorro de la población se traduzca en inversión para el desarrollo de proyectos de una manera económicamente eficiente. Para tal fin, las herramientas principales con las que cuenta el mercado bursátil salvadoreño a la fecha son mayoritariamente títulos de renta fija y uno que otro título de renta variable con escasa circulación y poco cambio en su valor económico en el tiempo. Esto se traduce en una poca profundidad del mercado y una significativa limitación del tipo de títulos que se pueden transar.

El esfuerzo por crear una bolsa de valores en El Salvador data de la década de los 70 y ha sido siempre una batalla cuesta arriba. Su desarrollo arranca en 1992 con la creación de la Bolsa de Valores de El Salvador. La existencia de las Administradoras de Fondos de Pensiones, con la implementación del Sistema de Ahorro para Pensiones en 1998, vino a darle un giro dinamizador al mercado bursátil salvadoreño y siguen siendo estos inversionistas institucionales, con los enormes recursos en ahorro de los pensionados, los principales consumidores de los productos que se ofrecen en el mercado de capitales de El Salvador. Por el lado de la oferta, el Estado salvadoreño sigue siendo uno de los principales emisores de papeles de deuda.

La Bolsa, en conjunción con las entidades estatales encargadas de regular esta actividad, han venido creando una serie de nuevos instrumentos bursátiles dentro de los que cabe mencionar, las titularizaciones y los fondos de inversión abiertos y cerrados y, dentro de éstos últimos, los inmobiliarios. Esto ha generado nuevos instrumentos que han tendido a diversificar las formas de financiamiento disponibles. Se espera que, dentro de poco, empiecen a transarse los certificados de depósito a plazo, figura que hasta la fecha solo han manejado los bancos y otras instituciones financieras y cuya terminación anticipada es onerosa y, peor aún, cuya comercialización es nula. Según la normativa emitida, estos tendrán el carácter de desmaterializados y se les dará liquidez a los instrumentos a través de su transabilidad en el mercado secundario de la Bolsa de Valores. Es de reconocer pues que los actores han tenido visión para darle impulso al mercado y constantemente están creando nuevas herramientas para darle mayor volumen.

También se está hablando ya del registro de bonos verdes, que por muy innovador que suene, no deja de ser una emisión más de papeles de deuda, destinada principalmente, y en este caso, a financiar proyectos de energía renovable.

Un tema pendiente, no solo a nivel de la Bolsa de Valores, sino que también de todo el ordenamiento legal del país, es la implementación de la firma electrónica, como un método para agilizar los procesos bursátiles y evitar la desmedida utilización de papel en los mismos. Esta figura jurídica es una deuda pendiente de las autoridades nacionales, que le permitirá al país entrar en la era de la digitalización de la información y de la agilización de los trámites, así como la seguridad jurídica que esto conlleva.

A mi manera de ver, el mayor reto pendiente es el registro y comercialización de acciones de sociedades. Salvo aquellas pocas excepciones consecuencia de los requisitos de los procesos de privatización (compañías eléctricas, de telecomunicaciones, etc.) o de los requerimientos de las leyes de orden financiero (bancos, compañías de seguros, etc.), no se han registrado en la Bolsa de Valores acciones de sociedades. Es de entender que las necesidades de financiamiento en nuestro país, que pudieran dar lugar a la emisión de acciones, son todavía muy limitadas. Pero está en la sagacidad de los operadores de los mercados y los reguladores facilitar herramientas que permitan que las empresas se financien a través de la emisión de sus propias acciones. Una alternativa pudiese ser enfocar las baterías hacia los start ups o empresas emergentes. Estas son estructuras empresariales orientadas a conseguir un negocio escalable y repetible y con la capacidad para crecer muy rápido. Normalmente, esto se consigue apoyándose en la tecnología, en la innovación y en abundantes recursos financieros. Generalmente son fundadas por uno o varios emprendedores con grandes ideas, pero escasos recursos económicos. Todo sería cuestión de emitir leyes que sirvan no solo para apoyar la innovación y el emprendedurismo, sino que también incentiven a inversionistas con apetito por el riesgo –venture capitalists–, a invertir en este tipo de negocios; en otras palabras, garantizar que el ahorro de algunos sea eficientemente asignado a la inversión en start ups. Además, esta figura permite la salida de los inversionistas de riesgo a través de la liquidez que brinda el mercado bursátil.

Finalmente, creo que el mayor reto que enfrentará el mercado bursátil y las leyes que lo regulan lo constituye la irrupción en el ambiente nacional de las criptomonedas. Estas tienen que ser analizadas no solo como moneda de transacción, sino que como activo de inversión. Este tema pondrá a la Bolsa de Valores, a los reguladores y a la legislación vigente ante retos mucho más complejos de los que ha venido enfrentando el mercado bursátil a través de los pocos años que tiene de estar vigente.