Los 10 casos más mediáticos de los tribunales del 2016

Primer caso

Captura del ex presidente Elías Antonio Saca, hecho ocurrido la madrugada del 29 de octubre pasado.Junto al ex mandatario fueron arrestados Julio Rank y César Funes,  quienes fueron su secretario de comunicaciones y secretario de la Juventud y presidente de ANDA, respectivamente, durante la administración del ex mandatario. Relacionados con este mismo caso fueron detenidos los empleados de Casa Presidencial, Pablo Gómez, Francisco. Rodríguez y Jorge Alberto Herrera. Posteriormente se presentó quien fuera secretario privado de la presidencia, Elmer Charlaix.

Todos fueron remitidos al juzgado Cuarto de Paz que les decretó instrucción con detención por peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y caso especial de lavado de dinero. Actualmente el proceso se encuentra en el Juzgado Cuarto de Instrucción mientras que los imputados guardan prisión en las bartolinas de la DAN a la espera de que la Cámara Primera de lo Penal resuelva si deben continuar detenidos o se les cambia la medida cautelar.

Segundo caso

Detención del ex fiscal general Luis Martínez, el empresario Enrique Rais, así como los abogados Julio Arriaza, Wilfredo Gutiérrez, Luis Peña, Romeo Aurora Giamattei, Hugo Blanco, Néstor Francisco Chicas, Hilda Guadalupe Trigueros, Mauricio Antonio Gámez y Francisco Grimaldi, acusados por cohecho, fraude procesal, cohecho activo  y omisión de deberes. En este caso fue el Juzgado Séptimo de Paz el que les decretó instrucción con medidas alternas a la detención, las cuales fueron ratificadas por la Cámara Primera de lo Penal.

 

Luis Martínez enfrentó este año otro proceso, esta vez por el delito de divulgación de material reservado en perjuicio del padre Antonio López Tercero. Por este caso el Juzgado Primero de Paz le decretó la detención provisional, pero la Cámara Primero de Paz revirtió la detención.

Tercer caso

Consolidado de las demandas por enriquecimiento ilícito ordenadas por la Corte Suprema de Justicia, tras sendos informes de la Sección de Probidad. Así, se ha abierto proceso  y se mantienen vigentes este 2016  los procesos contra los ex presidentes Mauricio Funes y Elías Antonio Saca. También contra el diputado Reynaldo López Cardoza, el ex diputado Douglas  Avilés, el ex secretario de la presidencia Elmer Charlaix, el ex fiscal general Luis Martínez, el alcalde de Olocuilta, Marvin Rodríguez y el ex director del Seguro Social, Leonel Flores, cuyo proceso terminó con condena.

Actualmente la Cámara Primera de lo Civil tiene pendiente que la Corte Plena decida si se incluyen  o no a los hijos del ex presidente Saca, debido a un recurso presentado por la Fiscalía. Esta misma cámara lleva el proceso contra el ex secretario de la presidencia Elmer Charlaix.

En la Cámara Segunda de lo Civil se llevan los procesos contra el ex diputado López Cardoza, el ex presidente Mauricio Funes y  ya se definió fecha para la audiencia de probatoria, la cual será el 17 de enero de 2017. Esta Cámara ya finiquitó el proceso contra Leonel Flores.

En la Cámara de lo Civil de Santa Tecla se llevan los procesos contra el ex fiscal general Luis Martínez y el ex diputado Douglas Mejía Avilés; mientras que la Cámara de lo Civil de San Vicente administrará el proceso contra el alcalde de Olocuilta, Marvin Rodríguez. Hasta ahora son ocho los ex funcionarios o actuales funcionarios que por mandado de la Corte Plena son objeto de demanda civil por enriquecimiento ilícito.

Cuarto lugar

El caso del ex director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Leonel Antonio Flores Sosa, quien junto a sus esposa Karina Hernández de Flores,  el 5 de diciembre fue encontrado civilmente responsable por Enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado, por un monto de $812, 740.44, dinero que deberá devolver y quedando inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante un período de diez años.

El fallo en ese caso fue dado por la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, siendo la primera condena  civil por casos de enriquecimiento ilícito.

Quinto lugar

El caso denominado Operación Jaque y comprendió el arresto de casi un centenar de sospechosos de formar parte de la estructura dirigencial de la pandilla MS, quienes fueron detenidos el 27  y 28 de julio pasado y remitidos al Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador.

Este juzgado,  les decretó  el pasado 2 de agosto instrucción con detención. Entre los procesados hay empresarios de buses y microbuses, propietarios de negocios y Marvin Adalid Quintanilla Ramos, conocido como el “Piwa”, quien tenía carné de pastor y según la acusación era el administrador de las finanzas de la pandilla, teniendo privilegios para acceder a los penales a planificar delitos, en el marco de la tregua.

Sexto lugar

En sexto lugar se tiene la condena en contra del Ingenio La Magdalena de Chalchuapa.

De acuerdo  con el fallo del Juzgado de Medio Ambiente de San Salvador, los representantes del ingenio deberán  pagar en concepto de responsabilidad social la cantidad de $1,581,000 para restaurar los daños provocados por el derrame de 250 mil galones de melaza en un tramo de 9 kilómetros afectando las labores de pesca de las que sobrevivían más de 400 familias. El derrame ocurrió el 9 de mayo de este año.

Séptimo lugar

Es el proceso iniciado contra Raúl Mijango, principal mediador de la tregua entre pandillas, así como contra otras personas entre ellas el ex director de centros penales Nelson Rauda y tres oficiales de la PNC.

En total 21 acusados  por  traficó de objetos ilícitos y asociaciones ilícitas, quienes  fueron detenidos el 3 de mayo pasado y presentados al Juzgado Especializado de Instrucción A, que les decretó instrucción con detención, medida última que fue modificada por la Cámara Especializada. Actualmente se está a la espera de la audiencia preliminar.

Octavo lugar

Se encuentra la condena del pandillero  Carlos Oswaldo Ángel Alvarado, quien fue encontrado culpable de haber participado en la quema de un microbús en la que murieron 17 personas y otras siete resultaron gravemente quemadas, hecho ocurrido el 20 de junio de 2010 en la colonia Jardín de Mejicanos.

El  Juzgado Especializado de Sentencia B de San Salvador le impuso 20 años por cada homicidio agravado y diez por cada homicidio tentado.  Este año  es la mayor condena que se ha impuesto en El Salvador y la segunda más alta en la historia nacional, ya que en 2014  el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel impuso  777 años  de prisión  a Matías Sorto Pastora,  por 15 homicidios y otros delitos. Esato aunque  la legislación salvadoreña contempla una pena mayor de 60 años.

Noveno lugar

Se encuentra el proceso abierto contra diez pandilleros sospechosos de haber participado en la masacre de once personas, entre ellas ocho empleados de una empresa eléctrica y tres jornaleros, asesinados en el cantón Agua Escondida de San Juan Opico, departamento de La Libertad, hecho ocurrido el 3 de marzo pasado.

Los sospechosos guardan prisión a la espera de la audiencia preliminar por orden del Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador, que el 25 de mayo realizó la audiencia especial de imposición de medidas.

Décimo lugar

Está  la detención del ex presidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), Nicola Angelucci y el ex representante de Infocentros, Sigfredo Figueroa,  acusado por el delito de peculado o malversación de fondos públicos y negociaciones ilícitas.

El caso fue presentado en el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador donde se le decretó a ambos  instrucción con medidas sustitutivas a la detención. Supuestamente hubo malversación por 6.19 millones de dólares.

Otro casos importantes:

También  tuvo relevancia mediática la condena  a 15 años de cárcel contra el ex diputado Wilver Rivera Monge y Jorge Ulloa Sibrián, y otros diez procesados, entre ellos la esposa y el hijo del ex funcionario, por el delito de lavado de dinero y activos.

El Juzgado Especializado de Sentencia A emitió la condena el 29 de julio pasado. El 22 de junio de este mismo año la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador confirmó la Extinción de Dominio sobre 22 inmuebles,  valorados en $1,187,090. Dólares, que eran propiedad del ex diputado Rivera Monge, así como de otros cuatro miembros de su familia,

Otro hecho que trascendió fue la condena por responsabilidad civil que impuso el Juzgado Primero de lo Civil de San Soyapango en contra de , representante y propietario de la Escuela de Aviación que lleva su nombre. Dárdano deberá pagar 645 mil dólares a los padres de dos alumnos  que fallecieron el 11 de julio de 2012 cuando una avioneta bimotor se estrelló.

A criterio del juzgador hubo negligencia del propietario de la empresa a no haber previsto y resuelto las fallas que provocaron el percance.

Asimismo, el 19 de julio pasado el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador absolvió a Marcos Rodríguez,  secretario de Participación Ciudadana y Transparencia, quien había sido demandado por calumnia y difamación por la diputada Ana Vilma de Escobar.

El caso mantuvo la atención mediática, pues se trata de dos altos funcionarios opositores. El fallo del tribunal estableció que los señalamientos que Rodríguez le hizo a la diputada refiriéndose a una malversación de fondos de un programa que desarrolló mientras ella fungió como vicepresidenta, no fueron hechos con dolo.

También el 16 de febrero fueron arrestados José Carlos Navarro, Andrés Ricardo Ortiz, Oscar Domínguez y Mayra Lisseth Morán, acusados de fraude cibernético en contra de La Prensa Gráfica y otros medios.

Todos fueron remitidos al Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, que les decretó medidas alternas a la detención, excepto a Ortiz, quien en noviembre de 2015 fue arrestado por el mismo delito. Actualmente el proceso se encuentra en el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla  donde se encuentra depurando.

Un hecho que llamó la atención es el abierto contra seis agentes de la PNC acusados de homicidio agravado en perjuicio de  Dennis Alexander  Martínez Hernández, cuyo crimen ocurrió en la finca San Blas de San José Villanueva y cuyo juez de dicho lugar  decretó   instrucción con detención,el 12 de julio. Originalmente estaban acusados de ocho homicidios ocurridos  el 26 de  marzo de 2015.