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Ley de Minería está vigente desde el 7 de enero
La Ley General de Minería Metálica entró en vigencia el 7 de enero, con lo que está reactivada la exploración, explotación y extracción de metales en el país, tras casi 8 años de prohibición.
La nueva normativa, sancionada por la a presidencia el 23 de diciembre pasado, derogó la moratoria sobre la minería metálica que había estado vigente desde 2017.
La legislación autoriza la actividad minera en el suelo, subsuelo y el dominio marítimo de El Salvador, sin requerir una concesión aprobada por la Asamblea Legislativa. La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DEHM) será la encargada de regular las operaciones mineras a través de su Dirección de Minas, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) velarán por la protección de los recursos hídricos y el cumplimiento de las normativas ambientales.
Un aspecto clave de la ley es que establece que solo el Estado podrá realizar la explotación minera, aunque podrá hacerlo a través de sociedades en las que tenga participación accionaria, incluidas las de modalidad de economía mixta. Sin embargo, la legislación no especifica el porcentaje mínimo de participación estatal en estas sociedades.
En cuanto a las restricciones, la ley prohíbe el uso de mercurio en los procesos de extracción, pero no establece limitaciones al uso de cianuro. Además, cualquier otra sustancia química utilizada en la minería deberá ser autorizada por la Dirección de Minas.
Aunque la ley fue sancionada el mismo día de su aprobación por la Asamblea Legislativa, el 23 de diciembre, su publicación en el Diario Oficial se retrasó.
Diversos sectores, especialmente las organizaciones sociales, han manifestado su preocupación sobre las implicaciones de esta nueva legislación, que marca un giro en la política minera del país.
La reactivación de la minería metálica en El Salvador traerá consigo un nuevo desafío para equilibrar los intereses económicos con la protección del medio ambiente, en un escenario en el que los impactos sociales y ecológicos siguen siendo una preocupación central.