A LAS PUERTAS DE UNA LEY DE PDP

Por: Ernesto Clímaco Valiente, jefe de la Unidad Legal y Apoderado de la CSJ

Aquellos quienes de una u otra forma nos hemos vinculado académicamente al derecho a la protección de datos personales (PDP), vemos con “positivitez” -parafraseando al Mágico- que por fin se avizore una voluntad política “real”, de entrar en la discusión sobre el proyecto presentado en la Asamblea Legislativa sobre la materia.

Qué duda cabe que el escenario que me permite escribir estas líneas es propicio para entrar de lleno al análisis histórico, técnico y científico del derecho aludido por el auditorio a quien se dirige, pero la extensión cedida es una limitante infranqueable que me impide llegar a tal grado de profundidad. Además, ahora que se ha puesto de moda en nuestro pulgarcito el tema, he tenido la oportunidad de leer varios artículos y opiniones sobre ello que analizan alternativas sobre la necesidad de regulación, las garantías que debe contener, las instituciones de tutela encargadas, etc., todos importantes para llegar al punto de equilibrio que se ajusta a nuestra realidad histórica.

Es importante recordar que la historia de la humanidad ha conquistado grandes espacios en materia de libertad de información y de expresión y, poco a poco, se ha ido dando paso hacia la conquista de otros derechos y libertades que florecen de forma inesperada por la evolución de la sociedad. Un ejemplo ostensible de ello, es el derecho a la PDP que emerge a la luz del perfeccionamiento científico, tecnológico y de los derechos que se ven involucrados en su marcha. Esta nueva generación de derechos merece -desde hace años- ser regulada y garantizada.

Al margen de que algunos conocedores consideran negativo y hasta perjudicial, el rezago normativo de la protección de datos en El Salvador, frente a la consolidada evolución existente en los países europeos desde hace décadas, creo firmemente que es un buen momento para saber aprovechar la experiencia comparada y tropicalizarla positivamente en la legislación que ahora se pretende aprobar. Créanlo o no, si se revisa detenidamente la historia, España pasó por lo mismo que nosotros frente a sus similares europeos. Su adaptación normativa sufrió un significativo periodo de morosidad respecto de sus pares, pero logró eficazmente capitalizar la experiencia adquirida para adherirse a ella con propiedad, solvencia y firmeza y brindar a sus ciudadanos una tutela reforzada de este derecho fundamental, por medio de una Agencia de PDP sólida e independiente, hoy por hoy, un referente a nivel europeo.

El boom de información personal automatizada de datos y el tráfico no autorizado de estos ha sido el detonante de la preocupación de los estados -y El Salvador no es la excepción-por fijar reglas objetivas sobre el tratamiento de datos personales, lo que ha derivado en la urgencia por definir eficaces procedimientos de garantía para sus titulares.

Los últimos acontecimientos en el país sobre revelación de datos personales también nos alertan bajo ese mismo sentimiento de zozobra, pero no por ello, podemos asentir, al menos no académicamente, que se apruebe y sancione algo tan importante basado únicamente en coyunturas de esa naturaleza. Lo que está en juego es nada más y nada menos, que la protección de un derecho de rango constitucional, de alto interés para los ciudadanos. Cuyos datos personales transitan por la red prácticamente sin control real, que están en poder de nadie sabe quién, ni dónde pueden andar circulando. Con esos datos y los modernos mecanismos automatizados existentes es posible crear un perfil de la personalidad de las personas, incluso en su ámbito de intimidad, muchas veces distorsionado de la realidad; y ese solo hecho debería de ser causa de preocupación de todos.

En ese contexto, la pregunta más relevante que surge en el ambiente académico es, ¿en qué institución debe recaer esta importantísima misión?, ¿en una existente o en la creación de un nuevo organismo? Acá sí debo coincidir con la mayoría, pero reconociendo antes lo siguiente: siempre he sido de los que piensa que alimentar al elefante (entiéndase el Estado), más de lo que ya está, solo genera costos y cargas impositivas innecesarias para los ciudadanos, descuidándose las prioridades presupuestarias esenciales. Pero conociendo nuestra realidad e idiosincrasia política, considero que vale pena reconocer que en este particular caso, la solución más adecuada sería la creación de un ente independiente, autónomo y especializado, dotado con uñas, dientes y fuerza preceptiva suficiente que le permita garantizar y exigir, tanto del estado como de los particulares, una real y efectiva protección del derecho. Esto implica que debe gozar de amplios y modernos mecanismos de control y garantía para su respeto, como modernas sean las formas existentes para su vulneración. Además, los titulares del ente deberían ser elegidos bajo altos estándares de selección, que permitan que accedan los mejores y no los que simplemente cumplen con el perfil mínimo requerido.

Diputados, esta es una buena oportunidad para demostrar voluntad real por hacer las cosas en beneficio de todos.