La Democratización del Derecho Bursátil

Marcelo Rafael Barrios | Abogado especialista en derecho corporativo, comercial y privado | AB Despacho

El impacto de la pandemia y los consecuentes “confinamientos” como medidas que han impactado en nuestra economía, para limitar y combatir sus efectos, cuestionan el régimen legal de algunas instituciones de los diferentes sistemas jurídicos y las instituciones del Derecho Bursátil no escapan a dicho escrutinio.

Ya hemos escuchado por muchos economistas quienes manifiestan que no estamos inmersos en una crisis financiera, como lo fue la crisis de 2008, pues ésta fue de arriba hacia abajo; fue una crisis que se inició en los mercados financieros internacionales y que terminó reduciendo la capacidad de crédito. En la crisis asociada al COVID-19 se dice que “hay dinero en los Bancos”, y es por ello que los mercados bursátiles, han ido reaccionando con fortaleza a medida que se ha avanzado desde el desconcierto inicial a la actual llegada de las vacunas. Sin embargo, parece que esta crisis ya está abajo, sobre todo en nuestro país, pues la caída de ingresos en pymes y profesionales y el desplome de ciertos sectores económicos está generando un incremento de la desigualdad social, que las políticas públicas tendrán que venir a paliar, con el consecuente ciclo de correcciones en los mercados, entre ellos el mercado bursátil a través de reformas del derecho bursátil.

Aunque nuestro país cuenta con un sistema bursátil eficaz, la eficiencia en los mercados financieros suele visualizarse a través de la variedad, calidad y distribución de los instrumentos financieros, y en este caso nuestro derecho bursátil no ha logrado la democratización bursátil, pues pareciera que invertir en la Bolsa de Valores parece una actividad destinada a grandes inversionistas con sumas elevadas cantidades de

dinero. Un mercado bursátil sano debería poder generar oportunidad de inversión y de financiamiento para grandes sectores de la población y no solo para unos cuantos afortunados. De no hacerlo, se está perdiendo la oportunidad para que muchos salvadoreños utilicen este instrumento, sobre todo en estos momentos que las pequeñas y medianas empresas están ávidas por captar recursos económicos para afrontar los problemas generados por la Pandemia.

En términos generales soy de la opinión que el mercado bursátil salvadoreño está poco desarrollado y es muy pequeño comparado con otros países emergentes y esto es una clara consecuencia de muchos factores, y considero que entre ellos encontramos las complejas y crecientes regulaciones por parte del ente supervisor, en donde nuestras leyes le otorgan mucha discrecionalidad en sus actuaciones y que, por ejemplo, están obstaculizando el desarrollo de los fondos de titularización inmobiliarios, que pudieran ayudar a reactivar la economía local por medio del sector de la construcción.

Con lo anterior no deseo por ningún motivo dar lugar al pensamiento de que estoy en favor de la desregulación del sector bursátil, por el contrario, abogo por que las instituciones reguladoras no quiten el pie del acelerador, pero que dicha labor no se confunda con la “prohibición” de desarrollar dicho sector por el “miedo” a que la población en general pueda salir perjudicada. La supervisión nunca debería de ser un obstáculo del progreso, sobre todo del obstáculo económico en tiempos del COVID-19.

Pero, para lograr una democratización del sistema bursátil, no solo se necesita hacer una revisión de su normativa, sino que se necesita realizar una estrategia de país, en donde todo comience con la educación financiera desde el colegio, pasando por universidades, maestrías, y otorgamientos de becas, entre otras; es decir que haya una inclusión de estudios financieros a nivel nacional, obligando a los intermediarios financieros a publicar información sobre sus fondos y conceptos de inversión y sobre todo se profesionalice a la pequeña y mediana empresa en temas financieros y bursátiles a través de capacitaciones públicas.

Además, se logre actualizar nuestra normativa bursátil a fin de que se generen incentivos fiscales para aquellas pequeñas y medianas empresas que coticen en bolsa y sean transparentes en su contabilidad y gestión, permitiendo a la población adquirir acciones no solo por su capacidad económica, sino por sus conocimientos financieros.

Y para el inversionista que adquiere acciones, deberían de crearse subsidios a las calificadoras de riesgo, para que puedan proporcionar mejor y mayor información a todo tipo de empresas, sin que el costo sea un problema para el pequeño inversionista; así como la elaboración de sistemas de evaluación sobre la calidad de la información financiera de las empresas que cotizan en Bolsa. Además, debería de diseñarse la creación de un “seguro” (una figura similar a Securities Investor Protection Corporation en Los Estados Unidos), para los pequeños inversionistas que inviertan en Bolsa, así como se tiene esta especie de seguro en la Banca sobre sus depósitos, el cual puede ser financiado por el mismo sistema bursátil y asegure a la población que ha invertido sus ahorros en caso de insolvencia.

Para terminar, confío en que pronto se generará una mayor interrelación entre la Banca y el Mercado de Capitales, avalados por el ente Regulador, con el fin de poder ofrecerse a la población salvadoreña nuevos productos financieros, como lo es la bursatilización de depósitos, o la creación de Fideicomisos de inversión, que ayudarán a crear nuevos instrumentos de captación de fondos a las empresas y, asimismo, de inversión a la población en general, coadyuvando todo esto a la verdadera democratización del mercado de capitales.