La CIDH alerta sobre la erosión de la independencia judicial en América Latina

En el marco del Día Internacional de la Independencia, conmemorado cada 15 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la creciente vulnerabilidad de los sistemas de justicia en varios países de América Latina, sin mencionar casos específicos.

La CIDH subrayó la importancia de una justicia independiente para preservar la democracia y advirtió sobre medidas que están socavando esta independencia en la región.
“La CIDH observa con preocupación que en varios Estados de la región se vienen adoptando medidas que erosionan los sistemas de justicia, en particular su capacidad de actuar de forma independiente”, declaró el organismo, haciendo énfasis en la necesidad de un sistema judicial comprometido con la protección de los derechos humanos y el Estado de derecho.

Entre las medidas que considera perjudiciales para la independencia judicial se incluyen la remoción arbitraria de jueces y fiscales sin el debido proceso, nombramientos inadecuados que no cumplen con los estándares internacionales, injerencias indebidas en las decisiones judiciales, y la manipulación de los sistemas de justicia por grupos con poder político o económico.

Estas acciones, según la CIDH, han sido utilizadas para perseguir a opositores políticos y a operadores de justicia que luchan contra la corrupción e impunidad.
El pronunciamiento de la CIDH también destacó el papel fundamental de jueces y fiscales en la protección de los derechos humanos y la defensa de la democracia frente a abusos gubernamentales.

“La labor de las personas operadoras de justicia es esencial para garantizar los derechos humanos y proteger al sistema democrático frente a los posibles abusos de los propios gobiernos, representantes electos y grupos de poder económico”, afirmó la CIDH.
En El Salvador, organizaciones de la sociedad civil han denunciado la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general en mayo de 2021, un hecho que califican como un golpe a la independencia judicial, agravado por las reformas a la Ley Orgánica Judicial que destituyó a un tercio de los jueces del país.

El pronunciamiento de la CIDH ha sido recibido como un llamado de atención sobre la fragilidad de la justicia en la región y la necesidad de protegerla como pilar de las democracias latinoamericanas.