La CICIES, ¿una comisión internacional o presidencial?

Leonor Arteaga – Directora del Programa de Impunidad y Graves Violaciones a Derechos Humanos de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). 

Desde su campaña electoral, el ahora presidente Nayib Bukele, haciendo uso de destrezas mediáticas, anunció la inminente llegada de una Comisión Internacional que lucharía contra la corrupción en El Salvador, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). Que se vendió como una necesidad hecha realidad, cuando el mismo Gobierno aún no tenía clara su pertinencia, mandato o alcances.

A inicios de septiembre 2019, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el presidente, divulgaron sin entrar en detalles, la instalación de la prometida comisión y su operación inmediata. Así, Bukele desechaba la participación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como actor internacional con rectoría en la CICIES, pese a gozar de mayor credibilidad que la OEA.

La noticia de la CICIES gustó a sectores mayoritarios de la población cansada de la corrupción e impunidad histórica, pero, a diferencia de Guatemala y Honduras, la instauración de una institución de esta naturaleza no estuvo precedida de amplias movilizaciones ciudadanas exigiendo intervención internacional. Por su atípica génesis, la sociedad civil organizada, la academia y potenciales donantes, recibieron la iniciativa con cautela. Hasta el día de hoy, la Comisión parece adscrita al poder ejecutivo y la experiencia nos dice, que es una mala apuesta confiar en la autodepuración de los sectores políticos.

Hay una creciente preocupación sobre el uso político de esta bandera para neutralizar opositores. Especialmente cuando un presidente, como Bukele, abiertamente afirma en nombre propio, que a través de la CICIES investigará a tal o cual exfuncionario de gobiernos pasados. Sancionar a unos cuantos políticos incómodos para el poder de turno, sin desmantelar las amplias redes que alimentan y viabilizan esa actividad ilícita, no solo es un despropósito, sino un elaborado engaño. 

Adicionalmente, a más de año de gobierno, existen varias denuncias que involucran a Bukele y sus funcionarios cercanos en hechos graves relacionados con favorecimiento de familiares y allegados o uso irregular de fondos públicos. A la fecha, la CICIES opera con poca transparencia. Aún no brinda detalles de cuántas auditorías ha realizado, ni si hay avances concretos en los procesos. Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR), tampoco ha dado a conocer avances concretos en investigaciones por alguno de estos hechos. 

Al inicio de la emergencia por el COVID-19, Bukele difundió un video en el que aseguraba que iba a “meter a la cárcel” a todo aquel que “se robara un centavo”. No obstante, cuando se empezaron a revelar posibles casos de corrupción, la reacción presidencial no fue consecuente con la supuesta voluntad anticorrupción. En lugar de exigir a la fiscalía que investigara y colaborar con la justicia, el mandatario ha despotricado contra los medios que han publicado esas irregularidades.

Ante estos primeros signos de alterna, varias organizaciones de derechos humanos han venido proponiendo y exigiendo cambios en el modelo actual de CICIES por sus pocas garantías de independencia. Es así, que algunas de ellas en junio de 2020 llevaron a la Asamblea Legislativa una iniciativa para la creación de una CICIES que sea liderada por la ONU, con capacidades de investigar y desligada del gobierno. No se conoce que la asamblea haya iniciado el estudio de esta propuesta.

Y es que la CICIES no cuenta con facultades para la investigación y activación para la judicialización de casos como las de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Según sus propias autoridades, solo brindará asistencia técnica a la fiscalía, auditando al ejecutivo, es decir, no tiene garras. Si bien, la Constitución salvadoreña otorga a la fiscalía general el monopolio del ejercicio de la acción penal, así como la dirección en la investigación del delito, existe la posibilidad de reformar la legislación para abrir paso a la CICIES como instancia investigadora y querellante. Hasta ahora ni el gobierno ni la misma CICIES han intentado esa vía.

Por otro lado, la CICIES requiere un amplio apoyo social como una condición indispensable para su subsistencia. No cabe duda de que hay un creciente despabilo social, pero la correcta conformación de una CICIES sigue siendo un debate relevante para un círculo relativamente reducido. Sobran ejemplos sobre cómo la comunidad periodística salvadoreña ha obligado a las instituciones a activar los mecanismos legales necesarios para impulsar acciones civiles o penales en contra de quienes se han beneficiado ampliamente del desvío de recursos públicos. Sin embargo, existe aún poca conciencia social sobre la conexión entre la cooptación del Estado y la elección de altos funcionarios y funcionarias, o sobre cómo las prácticas corruptas que han creado un prolífero caldo de cultivo para cometer y mantener impunes las más graves y sistémicas violaciones a los derechos humanos.

La CICIES requiere un amplio apoyo social como una condición indispensable para su subsistencia. No cabe duda de que hay un creciente despabilo social, pero la correcta conformación de una CICIES sigue siendo un debate relevante para un círculo relativamente reducido

En El Salvador es urgente conocer las dimensiones de la gran corrupción, las redes de poder y la criminalidad conexa, ponerle nombre y rostro a la cooptación del aparato oficial para luego determinar responsabilidades. Por ahora, la CICIES deja mas dudas que respuestas sobre su idoneidad para hacer frente a estos retos con la seriedad que amerita.