La Asamblea Legislativa aprueba reforma para que tribunales de crimen organizado vigilen cumplimiento de penas

La Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado que otorga a los tribunales especializados en delitos de crimen organizado la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las penas impuestas.
Esta medida busca regular la autoridad judicial competente para controlar la fase de ejecución de las penas en los casos de delitos relacionados con el crimen organizado.
El cambio específico a la ley establece que los tribunales y cámaras contra el crimen organizado se encargarán de garantizar el estricto cumplimiento de las normas relacionadas con la ejecución de las penas, de acuerdo con las atribuciones que también corresponden a los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena, tal como lo establece la Ley Penitenciaria.
La reforma fue incorporada en el artículo 3 de la ley con un nuevo inciso que resalta la responsabilidad de los tribunales especializados en esta materia.
Además, se introdujo un artículo transitorio que especifica que los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena que actualmente estén encargados de la supervisión de las penas impuestas por delitos bajo la Ley Contra el Crimen Organizado continuarán con el control hasta su cumplimiento total. Esta disposición busca asegurar que no haya interrupciones en la ejecución de las penas ya en curso.
El dictamen fue emitido por la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia y avalado por mayoría en la plenaria del martes 1 de abril.
La reforma, se explicó, responde a la necesidad de mantener la continuidad en la supervisión de las penas, evitando conflictos de competencia judicial. Asimismo, resalta la importancia de contar con herramientas jurídicas adecuadas para enfrentar los retos del enjuiciamiento de personas vinculadas a estructuras criminales organizadas.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, explicó en su momento que los jueces especializados tienen la capacidad de manejar los casos relacionados con el crimen organizado de manera más eficiente.