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La Asamblea Legislativa aprueba informe fiscal de 2024 con 57 votos a favor

La Asamblea Legislativa aprobó este martes, con 57 votos de la bancada de Nuevas Ideas y sus aliados, el “Informe sobre la cuenta del último presupuesto y estado demostrativo de la situación del Tesoro Público y del patrimonio fiscal de 2024”, un documento que el Ministerio de Hacienda debía presentar conforme al artículo 168 de la Constitución de la República.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, se pronunció en contra del informe, mientras que los legisladores de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) optaron por la abstención.
Según el informe, las 140 instituciones del Estado habían proyectado un total de $17,650.9 millones en ingresos, pero sólo se recaudaron $16,678 millones, lo que representa un cumplimiento del 94.4%.
En cuanto a los egresos, de los $17,650.9 millones presupuestados, se ejecutaron $15,379.4 millones, equivalente a un 87.1% de lo previsto.
El documento también revela que el Estado, incluyendo al gobierno central, las descentralizadas no empresariales y las empresas públicas, posee activos por un total de $25,056.2 millones, cifra que contempla tanto el patrimonio estatal como los pasivos, es decir, las deudas.
Entre los detalles que se incluyen en el informe, se destacan los siguientes gastos:
- El Gobierno Central destinó $2,695 millones a remuneraciones, ejecutando $2,685 millones. De esta cantidad, $1,718 millones estaban destinados a remuneraciones permanentes, con una ejecución de $1,715 millones.
- El sistema penitenciario ejecutó $165.4 millones, cantidad cercana a la prevista.
- En pasajes y viáticos se gastaron $14.1 millones, por debajo de los $15.1 millones que se habían programado.
- La Corte Suprema de Justicia asignó $38.4 millones a infraestructura, pero solo ejecutó $22.3 millones.
- La Secretaría de Innovación de la Presidencia proyectó $37.2 millones, de los cuales se ejecutaron $14.7 millones.
El artículo 168 de la Constitución establece que el presidente de la República debe presentar, dentro de los dos meses siguientes al cierre de cada año, un informe sobre la labor de la Administración Pública durante el período.
Además, el ministro de Hacienda tiene la obligación de presentar la cuenta general del último presupuesto y el estado financiero del Tesoro Público y el patrimonio fiscal en los tres meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal.
La Constitución también advierte que el incumplimiento de estas obligaciones provocará la destitución automática del ministro responsable, quien deberá ser reemplazado por el presidente.