Juzgado otorga medidas sustitutivas a favor de vinculados en caso Asocambio

El Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador, otorgó medidas sustitutivas a la detención a favor del exministro de Seguridad Pública, Mauricio Ernesto R.L y al exdirector interino de Centros Penales, el subcomisionado, Ramón Fernando R.

Las medidas impuestas son presentarse cada ocho días a firmar al juzgado, aumento de fianza a $ 10 mil dólares y no cambiar de domicilio ni salir del país. La jueza además resolvió colocarle dispositivo o brazalete electrónico, pero si no fuera posible poner dicho artefacto, aumentar la fianza a $15 mil dólares o un arresto domiciliar en sus lugares de trabajo. No obstante los imputados no podrán recobrar su libertad en espera que la fiscalía apele o no la resolución judicial en un lapso de cinco días hábiles.

La audiencia de revisión de medidas fue solicitada por la defensa de los imputados y a juicio del abogado fueron “Argumentos jurídicos solidos que expusieron en la audiencia, se van a someter al proceso voluntariamente, no existe peligro de fuga, incluso cuando la Cámara revocó las medidas, sus clientes se presentaron voluntariamente en más de una ocasión para enfrentar la captura”, “En la audiencia se presentaron arraigos suficientes y no hay indicio alguno que puedan obstruir la investigación”, señaló el abogado.

Por su parte la fiscalía manifestó inconformidad con la resolución judicial y según expresó uno de los fiscales “No está apegada a derecho”, señaló que se harán los recursos legales para mantener la detención provisional en que se encuentran actualmente.

Según el requerimiento fiscal, los imputados presuntamente hicieron uso indebido y arbitrario de los fondos de las tiendas institucionales ubicadas al interior de los 21 centros penitenciarios, durante el periodo de 2018 a 2019 supuestamente para favorecer a la Sociedad Asocambio.

Los dos procesados son parte de los 19 imputados presentes acusados por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio, falsedad documental agravada en perjuicio de la administración pública y subsidiariamente de todos los privados de libertad y la fe pública, respectivamente.

En la audiencia inicial celebrada en septiembre pasado una de las fiscales del caso manifestó que únicamente se trata del periodo de la Sociedad Yo Cambio ASOCAMBIO, del año 2018 a 2019, y que el monto del peculado por el momento no lo podían determinar porque tiene que ordenar una pericia financiera contable.