Judicial
Juzgado ordena captura de exministro de gobernación Arístides Valencia
El Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador ordenó la captura con difusión roja, contra Ramón Arístides Valencia Arana, ex ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, en periodo comprendido del 1 de junio de 2014 al 1 de junio 2019.
Valencia no acudió a firmar al juzgado como parte de las medidas sustitutivas otorgadas en su proceso por agrupaciones ilícitas y fraude electoral, ni compareció a un citatorio el pasado 11 de junio con el fin de que justificara su ausencia.
La Jueza 2° de Instrucción lo declaró rebelde y giró la orden de captura con el fin de hacerlo comparecer de manera coercitiva, por medio de la Policía Internacional Interpol.
Según la Jueza, el procesado envió una carta a la jueza explicando los motivos para no regresar al país, entre estos “al acoso que recibo y que me hace temer cualquier desenlace desagradable”, señala en uno de los párrafos de la misiva.
El exministro de Gobernación, Ramón Arístides Valencia, es acusado junto al exministro de Seguridad, Benito Lara; el Alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt; el periodista, Paolo Luers, y a Raúl Mijango y Wilson Alexander Alvarado, por agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Según el expediente judicial, Arístides Alvarenga fue involucrado por dos testigos con criterio de oportunidad con claves “Noé y Salomón”, miembros activos de grupos criminales, que sostuvo reuniones con jefes pandilleros en el marco de las elecciones presidenciales del año 2014 y de alcaldes y diputados en el año 2015 supuestamente hubo pagos de los actores políticos de los partidos ARENA y FMLN con beneficios bilaterales, según los testigos.
Según el requerimiento fiscal, los políticos acordaron pactos en reuniones con jefes de estructuras terroristas con el fin de ofrecerles miles de dólares para que votaran en las elecciones presidenciales y de diputados a favor del FMLN y ARENA , en 2014.
Con respecto a Paolo Luers, Raúl Mijangos y Wilson Alexander Alvarado, la Fiscalía los acusó de servir como mediadores en las supuestas negociaciones.
En la audiencia inicial celebrada el 7 de febrero de este año, los imputados pasaron a la etapa de instrucción con aplicación de medidas sustitutivas, entre estas, no salir del país, presentarse a firmar al juzgado y rendir una caución económica de 10 mil y 5 mil dólares.