Juzgado deberá autorizar destrucción de escuchas telefónicas

La Sala de lo Constitucional comunicó la sentencia por medio de la cual declara inconstitucional una interpretación autentica a la Ley Especial de Intervención de las Telecomunicaciones, que ordenaba la destrucción inmediata de las escuchas telefónicas luego de seis meses sin presentar el requerimiento fiscal.

La Sala resolvió que la Asamblea Legislativa incurrió en fraude a la Constitución, al introducir y aprobar una iniciativa de ley para interpretar auténticamente una disposición legal, pero que en el fondo altera de manera encubierta su texto.

Según la interpretación autentica, si transcurren 6 meses sin que la Fiscalía General de la República presente el requerimiento, se deberá destruir inmediatamente todas las grabaciones y transcripciones que se hubieren realizado.

Lo que, a consideración de la Sala de lo Constitucional, genera dos diferencias relevantes con respecto al texto del artículo 23 de la ley en comento, la primera es que al introducir la palabra «inmediatamente», el agente fiscal acreditado no tiene que informar al juez del caso sobre el resultado del procedimiento de intervención, sino que deberá limitarse a destruir el material probatorio recolectado mediante la intervención de las telecomunicaciones.

Y la segunda es que suprime el control, porque no habría una resolución mediante la cual un juez ordene esa destrucción de la información que consta en las grabaciones y transcripciones.

«Esto quiere decir que, a partir de la interpretación auténtica, la Asamblea Legislativa no ha aclarado un vocablo dudoso u oscuro, sino más bien ha incorporado una locución o palabra que altera sustancialmente el texto de la disposición interpretada», según lo señalado por la Sala de lo Constitucional.

Como resultado de esta declaratoria de inconstitucionalidad la interpretación auténtica contenida en dicho decreto no se entenderá incorporada al artículo 23 de la Ley Especial de Intervención de las Telecomunicaciones.

La demanda de inconstitucionalidad fue presentada por el exfiscal general, Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz.