Legal
Jueza federal ordena la repatriación de salvadoreño tras ser deportado por error a cárcel Cecot
Una jueza federal de Maryland, Estados Unidos, emitió una orden que obliga al gobierno de Estados Unidos a repatriar a Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que fue deportado por error por la administración de Donald Trump y que permanece encarcelado en una prisión de máxima seguridad. La decisión establece que Ábrego García debe ser devuelto a Estados Unidos antes de las 11:59 p.m. del 7 de abril.
Ábrego García, de 29 años, fue arrestado el pasado 12 de marzo en el estacionamiento de una tienda Ikea en Maryland, a solo menos de dos kilómetros de su hogar, mientras su hijo autista de 5 años lo esperaba en el vehículo.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se limitó a responder en su popular cuenta de X con un “gif” de un conejo asombrado ante la noticia.
La jueza Paula Xinis, quien dictó la sentencia, calificó la deportación como un “acto ilegal” y cuestionó las razones por las cuales se había tomado la decisión de enviarlo a El Salvador.
En 2019, un juez de inmigración había otorgado a Ábrego García una protección que impedía su deportación a su país de origen, debido a las amenazas de pandilleros que enfrentaba en El Salvador. Además, desde entonces había recibido un permiso de trabajo emitido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
A pesar de esa protección, Ábrego fue deportado y enviado al Centro de Confinamiento para Terroristas (Cecot), una prisión de alta seguridad en El Salvador, conocida por las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en su interior.
La jueza Xinis expresó su preocupación por las condiciones en esa prisión, indicando que era inaceptable que Ábrego García hubiera sido enviado allí. La magistrada también enfatizó que la deportación había sido irregular, a pesar de que el gobierno de Trump había reconocido públicamente que se trató de un “error administrativo”.
Este caso ha generado un amplio rechazo en Estados Unidos, especialmente entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes consideran que el gobierno está cometiendo injusticias contra personas con permisos legales para residir en el país. A pesar de los intentos de la Casa Blanca de vincular a Ábrego García con la pandilla MS-13, su familia y abogados han negado estas acusaciones, alegando que se basan en una declaración de un informante confidencial sin pruebas concretas. Además, los abogados insisten en que Ábrego nunca ha vivido en Nueva York, como afirman algunos funcionarios.
Los abogados de Ábrego García, en sus presentaciones ante los tribunales, subrayaron que el gobierno de Estados Unidos debe corregir su error, advirtiendo que si no lo hace, las órdenes de los tribunales de inmigración perderían validez.
Simón Sandoval-Moshenberg, abogado de la defensa, destacó que el gobierno de Estados Unidos ha estado pagando al gobierno salvadoreño para mantener a Ábrego García encarcelado, lo que plantea la posibilidad de que su repatriación pueda llevarse a cabo rápidamente. Según Sandoval-Moshenberg, Estados Unidos tiene la capacidad de solicitar el regreso de Ábrego García de manera efectiva, basándose en acuerdos previos para corregir errores de deportación
Una jueza federal de Maryland, Estados Unidos, emitió una orden que obliga al gobierno de Estados Unidos a repatriar a Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que fue deportado por error por la administración de Donald Trump y que permanece encarcelado en una prisión de máxima seguridad. La decisión establece que Ábrego García debe ser devuelto a Estados Unidos antes de las 11:59 p.m. del 7 de abril.
Ábrego García, de 29 años, fue arrestado el pasado 12 de marzo en el estacionamiento de una tienda Ikea en Maryland, a solo menos de dos kilómetros de su hogar, mientras su hijo autista de 5 años lo esperaba en el vehículo.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se limitó a responder en su popular cuenta de X con un “gif” de un conejo asombrado ante la noticia.
La jueza Paula Xinis, quien dictó la sentencia, calificó la deportación como un “acto ilegal” y cuestionó las razones por las cuales se había tomado la decisión de enviarlo a El Salvador.
En 2019, un juez de inmigración había otorgado a Ábrego García una protección que impedía su deportación a su país de origen, debido a las amenazas de pandilleros que enfrentaba en El Salvador. Además, desde entonces había recibido un permiso de trabajo emitido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
A pesar de esa protección, Ábrego fue deportado y enviado al Centro de Confinamiento para Terroristas (Cecot), una prisión de alta seguridad en El Salvador, conocida por las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en su interior.
La jueza Xinis expresó su preocupación por las condiciones en esa prisión, indicando que era inaceptable que Ábrego García hubiera sido enviado allí. La magistrada también enfatizó que la deportación había sido irregular, a pesar de que el gobierno de Trump había reconocido públicamente que se trató de un “error administrativo”.
Este caso ha generado un amplio rechazo en Estados Unidos, especialmente entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes consideran que el gobierno está cometiendo injusticias contra personas con permisos legales para residir en el país. A pesar de los intentos de la Casa Blanca de vincular a Ábrego García con la pandilla MS-13, su familia y abogados han negado estas acusaciones, alegando que se basan en una declaración de un informante confidencial sin pruebas concretas. Además, los abogados insisten en que Ábrego nunca ha vivido en Nueva York, como afirman algunos funcionarios.
Los abogados de Ábrego García, en sus presentaciones ante los tribunales, subrayaron que el gobierno de Estados Unidos debe corregir su error, advirtiendo que si no lo hace, las órdenes de los tribunales de inmigración perderían validez.
Simón Sandoval-Moshenberg, abogado de la defensa, destacó que el gobierno de Estados Unidos ha estado pagando al gobierno salvadoreño para mantener a Ábrego García encarcelado, lo que plantea la posibilidad de que su repatriación pueda llevarse a cabo rápidamente. Según Sandoval-Moshenberg, Estados Unidos tiene la capacidad de solicitar el regreso de Ábrego García de manera efectiva, basándose en acuerdos previos para corregir errores de deportación.