Iniciativa de reforma para flexibilizar la implementación de los CAPI

La Encargada de Despacho designada por el presidente de la República, a través del ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, ha presentado una iniciativa para reformar la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia. Estas reformas están orientadas a permitir opciones flexibles en el pago de servicios de los Centros de Atención a Primera Infancia (CAPI).

La Ley Crecer Juntos, en sus artículos 136 y 137, establece la obligación de los patronos con cien o más trabajadores de garantizar a los hijos de sus empleados el acceso a un CAPI. La propuesta busca incorporar modalidades alternativas al pago, permitiendo que los patronos opten por cubrir el costo promedio de los servicios de un CAPI, elegido por los padres según sus preferencias educativas y valores familiares.

Además de estas modificaciones, se proponen ajustes en términos de plazos y competencias de las instituciones referentes, especialmente del Instituto Crecer Juntos. Estos cambios buscan garantizar la operativización y efectividad de la ley en un contexto cambiante.

Las reformas clave propuestas incluyen:

1. Modalidad de Pago Alternativa: Se propone permitir que los patronos paguen directamente al trabajador el costo promedio de los servicios de un CAPI, elegido por los padres según sus preferencias educativas y valores.
2. Ajustes en Plazos y Competencias: Se sugieren ajustes en plazos para la implementación de la ley, otorgando períodos adicionales para adecuaciones necesarias en centros públicos o privados y para el cumplimiento de la obligación por parte de instituciones del sector público y privado.
3. Responsabilidad del Patrono y Elección de los Padres: Se destaca la responsabilidad del patrono para seleccionar la modalidad de cumplimiento de la ley, considerando el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.
4. Supervisión y Sanciones: Se establece que el Órgano Ejecutivo en el ramo de trabajo y previsión social supervisará el cumplimiento de la obligación del patrono, imponiendo sanciones en caso de incumplimiento, salvo cuando se deba a retrasos no imputables al patrono.

Estas reformas tienen como objetivo principal adecuar la legislación a la realidad cambiante y proporcionar flexibilidad a los trabajadores y patronos, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de la obligación de garantizar la atención integral a la primera infancia.