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Inicia proceso de antejuicio contra diputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
La Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado Alberto Romero, perteneciente al partido ARENA, ha llevado a cabo su primera sesión con el objetivo de analizar las acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero presentadas por la Fiscalía General de la República. Durante esta sesión, se leyó el requerimiento de acusación y se presentó al abogado defensor.
La comisión está conformada por nueve diputados de Nuevas Ideas (Ernesto Castro, Rodrigo Ayala, Caleb Navarro, José Urbina, Alexia Rivas, William Soriano, Silvia Ostorga, Guillermo Gallegos y Raúl Castillo) y dos de ARENA y GANA (Silvia Ostorga y Guillermo Gallegos), con los diputados de Nuevas Ideas Marcela Pineda y Giovanny Zaldaña ejerciendo como fiscales del caso.
El diputado Alberto Romero enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero debido a que los montos declarados por él ascienden a $363,935.87, una cifra inferior a los ingresos de $1,162,388.05 movilizados por él y su esposa. El requerimiento de la Fiscalía indica que esta cifra provisional no incluye el análisis completo de los productos financieros y adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizados por el diputado y su familia.
Los fiscales del caso, Marcela Pineda y Giovanny Zaldaña, subrayaron que el fuero parlamentario no debe ser un mecanismo para encubrir a delincuentes y que la Asamblea Legislativa no debe proteger a ningún individuo que haya cometido un delito.
El abogado defensor, Ernesto Alfredo Parada Rivera, declaró estar convencido de la inocencia de su defendido y afirmó que lo defenderá en el marco de la ética y la legalidad.
La comisión acordó que el proceso de antejuicio se llevará a cabo en tres etapas: apertura y presentación de pruebas, exposición de alegatos por parte de fiscales y defensa, y análisis de pruebas y emisión de dictamen correspondiente. La comisión quedó en sesión permanente y programó la próxima sesión para el lunes 28 de agosto a las 11:00 a.m.
Si la comisión concluye que hay lugar a formación de causa y la Asamblea en pleno aprueba el desafuero, el diputado quedará suspendido de su cargo y será remitido a la Cámara de lo Penal para enfrentar un proceso judicial. El enriquecimiento ilícito es sancionado en el Código Penal con penas de tres a diez años, al igual que el delito de lavado de dinero.