Judicial
Inicia audiencia probatoria por enriquecimiento ilícito contra exministro Munguía Payés
La Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador ha dado inicio a la audiencia probatoria contra el exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, y su grupo familiar. Los cargos a los que se enfrentan son relacionados con un presunto enriquecimiento ilícito que asciende a la suma de $498,374.31.
La audiencia probatoria, que tuvo lugar este lunes, reúne la evidencia presentada por ambas partes. La Fiscalía General de la República alega que existen pruebas suficientes para respaldar la demanda presentada en diciembre de 2021. Los cargos específicos se centran en catorce irregularidades que no fueron debidamente justificadas ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. Dichas irregularidades incluyen fondos vinculados a la adquisición de una propiedad, pagos a tarjetas de crédito y depósitos bancarios en cuentas corrientes y de ahorro.
Las investigaciones cubren el período desde el 1 de junio de 2009 hasta el 21 de noviembre de 2011, durante la administración presidencial de Mauricio Funes, cuando Munguía Payés fungió como ministro de la Defensa Nacional.
La Fiscalía ha solicitado que los demandados restituyan los montos en cuestión al Estado y que sean inhabilitados para ocupar cargos públicos durante un período de diez años.
La audiencia probatoria se espera que se extienda a lo largo de cuatro días. En esta etapa del proceso, se espera que el exministro de Justicia, David Munguía Payés, declare el día martes.
David Munguía Payés ya se encuentra bajo prisión por una condena de 18 años relacionada con cargos de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios en el contexto de la tregua con pandillas. En este nuevo caso, junto a su esposa Sandra Dinora Molina de Munguía y sus hijas Sandra Beatriz y Blanca Patricia, enfrentan acusaciones de enriquecimiento ilícito.
Este juicio civil se originó en octubre de 2021, después de que la Corte Suprema de Justicia aprobó la promoción de la demanda por parte de la Fiscalía General de la República basándose en un informe de la Sección de Probidad que señalaba un incremento patrimonial no justificado durante el periodo en que Munguía Payés ocupó cargos públicos.