Informe revela que entre 2017 y 2021 se activaron 1726 procesos de desalojos forzosos

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) ha lanzado la investigación «Desalojos Forzosos en El Salvador: un flagelo multidimensional», que destaca los impactos negativos asociados a los desalojos, principalmente en comunidades con inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra.

El informe revela que entre 2017 y 2021 se activaron 1726 procesos de desalojo ejecutados por Juzgados de Paz a nivel nacional. Estos procesos se basaron en la aplicación de la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, un marco normativo criticado por ser contrario al derecho humano a una vivienda adecuada.

El estudio también señala la falta de atención estatal para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Los registros oficiales sobre asentamientos humanos son incompletos, lo que dificulta la creación de políticas públicas efectivas. Además, se identifica opacidad por parte de instituciones públicas, como la respuesta del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) al declarar como inexistente el registro de asentamientos humanos en terrenos bajo su administración.

FESPAD hace un llamado al Estado para reconocer la persistente problemática de los desalojos forzosos mediante la derogatoria de la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles. Además, insta a la creación de planes y políticas públicas integrales que prioricen los derechos de las personas sobre intereses mercantiles.

La investigación subraya la necesidad de abordar esta problemática de manera urgente y ofrece una visión crítica sobre la falta de atención estatal, evidenciando la importancia de proteger los derechos humanos y la seguridad de las comunidades afectadas.