Informe del GAFILAT destaca áreas prioritarias para fortalecer la lucha contra el lavado

El reciente Informe de Evaluación Mutua sobre El Salvador, publicado tras la evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), no solo resalta los avances del país en la lucha contra el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), sino también detalla acciones prioritarias que deben ser implementadas para fortalecer el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).

El informe subraya la necesidad urgente de que El Salvador reforme su marco legal para otorgar facultades específicas de supervisión y sanción a instituciones como INSAFOCOOP, SOM, CSJ, y CVPCPA en relación con ALA/CFT.

Estas reformas permitirán una mejor aplicación de las normas y garantizarán que las entidades encargadas de la supervisión tengan el poder necesario para sancionar incumplimientos de manera efectiva y disuasiva.

Además, el país debe profundizar la aplicación del enfoque basado en riesgos en las supervisiones, actualizando e implementando matrices de priorización que aseguren un sistema de supervisión más eficiente y con sanciones proporcionales a los riesgos detectados.

Otro desafío importante señalado en el informe es la falta de un marco normativo adecuado para garantizar que las compañías cuenten con información actualizada sobre los beneficiarios finales (BF). El informe recomienda establecer un sistema efectivo para verificar y hacer accesible esta información a las autoridades competentes, además de aplicar sanciones a las personas o estructuras jurídicas que no proporcionen o actualicen la información de manera adecuada.

El informe también resalta la necesidad de fortalecer el conocimiento de las obligaciones ALA/CFT entre los sujetos obligados (SO), especialmente en sectores de alto riesgo como el sector inmobiliario, abogados, notarios y contadores. Se hace hincapié en la importancia de realizar capacitaciones y ejercicios de concientización para mejorar la implementación de las medidas preventivas en estos sectores.

El informe insta a El Salvador a ampliar las evaluaciones de riesgo relacionadas con activos virtuales, financiamiento del terrorismo y el lavado de activos vinculado a personas jurídicas. Asimismo, se recomienda desarrollar protocolos específicos para orientar las investigaciones de financiamiento del terrorismo, que incluyan la creación de equipos interinstitucionales que puedan actuar con urgencia y eficacia.

El Salvador también debe fortalecer las capacidades operativas de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), mejorando la diseminación de informes de inteligencia financiera y asegurando que estas investigaciones se alineen con el perfil de riesgo del país. La UIF debe continuar desarrollando reuniones de retroalimentación con la Fiscalía General de la República (FGR) para mejorar la calidad de sus informes y el aprovechamiento de los mismos por parte de los investigadores.

El informe subraya la necesidad de mejorar la capacidad operativa y la celeridad en los casos de extinción de dominio, incrementando los recursos y la especialización de las instituciones involucradas, como el CONAB, para una gestión más eficaz de los bienes cautelados y extinguidos.