Impunidad en manejo de casos de corrupción con un promedio de 80.63%.

Ayer la asociación Acción Ciudadana presentó el informe: «Operatividad y eficacia de la Fiscalía General de la República. Periodo 2013-2018». Una recopilación de los datos estadísticos del funcionamiento de la Fiscalía General de la República. 

Uno de los datos que deja el informe es que la carga laboral del período 2013-2015, fue un promedio de 171.4 casos por fiscal, mientras que para el período 2016-2018 registró un promedio de 131.18 casos por fiscal, así también se registró en el período 2013-2018, un total de 582,976 casos iniciados, lo que representó una importante carga laboral para los fiscales auxiliares, no solo por la cantidad de casos que atendió cada fiscal, sino también por la complejidad de estos y la cantidad de diligencias procesales.

Se señala que la eficacia en el manejo de casos corrupción tuvo un promedio global del 19.37% y una impunidad del 80.63%. El punto máximo de efectividad en el manejo de casos de corrupción fue el año 2017 y esto se debe a que dicho año reflejó la mayor cantidad de casos con condenas en juicios civiles por enriquecimiento ilícito y en casos penales, mientras que el año 2018 no reflejo ningún resultado en esta jurisdicción, por ello el nivel de efectividad fue menor.

Según el informe, durante el período 2013-2018 se registró un promedio de 706.5 fiscales auxiliares y una tasa 0.2996 sedes fiscales por cada 100,000 habitantes, lo cual representa niveles de cobertura que se encuentran por debajo de estándares mínimos óptimos para enfrentar la carga penal institucional. En consecuencia, ante incrementos de criminalidad o la implementación de políticas de seguridad enfocadas a detenciones, se generará una situación de desbordamiento de la capacidad de cobertura instalada de la FGR.

Una de las conclusiones del informe es que se observa indicios que la FGR está en una transición entre un sistema penal basado eminentemente en la prueba testimonial hacia uno sustentado en prueba científica.