Imprecisiones legislativas retrasan reformas para vigilar precios del gas licuado

El Presidente de la República ha devuelto con observaciones el Decreto Legislativo N° 766, mediante el cual se aprobaron reformas a la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo.

Esta ley tiene por objeto regular y vigilar el depósito, transporte y distribución de los productos de petróleo, así como la construcción y funcionamiento de los depósitos de aprovisionamiento, estaciones de servicio o gasolineras y tanques para consumo privado.

El Decreto Legislativo No. 766 reconoce la existencia de actores en la cadena de comercialización del gas licuado de petróleo que ponen en riesgo su estabilidad mediante fluctuaciones arbitrarias de precios. Por ello, propone facultar a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas como ente de vigilancia para evitar tales prácticas.

Sin embargo, Presidencia señala que se han identificado imprecisiones en el decreto que podrían dificultar su aplicación correcta. Entre las que señala las siguiente:

En el considerando VI del Decreto, se menciona la facultad del Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. Sin embargo, es importante señalar que esta Dirección es una institución autónoma, no dependiente del Ministerio de Economía. Por lo tanto, se sugiere modificar la redacción para reflejar esta independencia.

En el artículo 1 del Decreto, que reforma el artículo 9-A de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, se hace referencia al Ministerio de Economía como ente regulador. Se propone eliminar estas menciones y sustituirlas únicamente por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, que legalmente está facultada como ente supervisor, regulador y sancionador en este tema.