Importancia de la reforma a la función pública – Edición #81

Por: Ingrid Evangelina Gómez Miembro del Comité Técnico del EIRFP en representación de la UCA

El ordenamiento jurídico salvadoreño reconoce que la finalidad de los servicios públicos es satisfacer las necesidades individuales y colectivas de los habitantes de la República. Dado el interés colectivo, el Estado está obligado a asegurar el acceso y prestación de servicios públicos, eficientes y de calidad al pueblo salvadoreño.
Lamentablemente, realizando un análisis crítico a la realidad salvadoreña, esta es una deuda pendiente de la Administración Pública. Es frecuente la queja de la ciudadanía respecto al acceso y la forma en la que se prestan los servicios públicos. También es común la percepción de la Sociedad en torno a que la selección de los servidores públicos está basada en el “amiguismo” o “clientelismo político”.

Es el ideal del salvadoreño contar con instituciones públicas eficientes y transparentes. Para ello, es necesaria una reforma de la función pública que responda a los retos y exigencias actuales, en tanto la Ley del Servicio Civil (LSC)-marco normativo general que regula la carrera administrativa en El Salvador- es una legislación desfasada que no alcanza a cubrir las necesidades existentes. Su aplicación no abarca a todo el conjunto de servidores públicos y carece de mecanismos de evaluación de desempeño.

Tampoco existe un ente rector que posea facultades de control y vigilancia de la aplicación de la ley, por lo que no existe uniformidad en la dirección de la Administración Pública.
A estas se pueden sumar otras deficiencias que vuelven a la LSC insuficiente para garantizar una función pública que responda a la exigencia del mérito, profesionalización, mejora continua, eficiencia y eficacia.

En el afán de lograr la reforma a la función pública, actores sociales y políticos han trabajado en dos propuestas de ley que pretenden subsanar las deficiencias que presenta el marco legal actual. Ambas, han sido presentadas ante la Asamblea Legislativa, la primera, en 2014, como Ley de la Función Pública (LFP); y la segunda, en 2017 bajo el nombre de Ley del Servicio Público (LSP). Sin embargo, no se ha llevado a cabo un estudio formal de ambos proyectos al interior del Órgano Legislativo.

En virtud de que la discusión de la reforma a la función pública no ha sido puesta en la agenda del legislador y conscientes de la importancia de la misma, es que surge el Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública (EIRFP), el cual se encuentra conformado por 16 organizaciones de la Sociedad Civil.

Desde febrero del corriente año, el EIRFP ha realizado diversas actividades en aras de posicionar el tema y comprometer a los actores políticos a una pronta aprobación de un nuevo marco legal de una función pública que responda a los principios de mérito, transparencia, equidad y eficiencia, respetando todas las garantías y derechos reconocidos a los servidores públicos.

En el EIRFP se conformó un comité técnico para estudiar los precitados anteproyectos de la LFP y de la LSP y verificar si uno o ambos cumplen con los estándares legales, nacionales e internacionales, requeridos para modernizar la función pública. Posterior a dicho estudio, se acordó tomar como base el documento más reciente, es decir, la Ley del Servicio Público y proponer mejoras en su articulado.

Es importante destacar que el EIRFP no pretende presentar un nuevo anteproyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, sino que ha realizado observaciones técnicas a la ya mencionada LSP.
Entre los aspectos destacables del análisis técnico efectuado se puede mencionar el relativo al ámbito de aplicación de la LSP. Se propone que esta sea tomada como una ley marco para toda la Administración Pública. También se han hecho recomendaciones en torno a temas como el de la autoridad rectora, consejo consultivo y el sistema de evaluación de desempeño.

Actualmente se está trabajando en un documento que contendrá la postura técnica del EIRFP y se espera hacer de conocimiento público en las próximas semanas. También se pretende presentarlo a la Asamblea con el objetivo de impulsar y participar de la discusión legislativa de la LSP y que las observaciones realizadas sean tomadas en cuenta por el legislador.

Esperamos que con la pronta aprobación de la Ley del Servicio Público, considerando las observaciones que como Equipo hemos efectuado, se logren suplir esas omisiones e imprecisiones de la actual regulación de la carrera administrativa.

Es pertinente mencionar que la LSP es garante de los derechos de los funcionarios y empleados públicos, quienes en ningún momento verán en riesgo su estabilidad laboral. Al contrario, los servidores públicos tendrán una mayor certeza de que su posición no se verá en riesgo, por ejemplo, por cambios de gobierno. Que las oportunidades de ascensos serán basadas en su desempeño, y constante capacitación. Esto además de beneficiar al funcionario público, favorecerá a la comunidad salvadoreña, quienes también podremos tener acceso equitativo a los servicios públicos de calidad que tanto merecemos.