Identifican delitos en distribución de fondos a ONG

La Comisión Especial para investigar los fondos otorgados a ONG recibió a un informe presentado por un equipo de abogados penalistas que recopiló y analizó información sobre los mecanismos que utilizaban las pasadas legislaturas para asignar fondos públicos a asociaciones y organizaciones sin fines de lucro.

A consideración de los abogados se realizaron procedimientos ilegales para beneficiar con recursos a algunas de ellas, establecieron los montos que recibieron y e individualizaron a los políticos involucrados. 

El informe elaborado por los expertos concluye que los delitos que podrían haber cometido los exfuncionarios son peculado, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.

Los parlamentarios informaron que presentarán un aviso a la Fiscalía General de la República para que inicie una investigación penal y deduzca responsabilidades. 

“El equipo legal concluyó que existió un mecanismo arbitrario de asignación de fondos. Se han mencionado fundaciones conformadas por exdiputados y exfuncionarios. Hemos recopilado legalmente lo que corresponde y se llevará esta información ante la Fiscalía”, aseguró el parlamentario Caleb Navarro.

Otra irregularidad detectada por los abogados es que no hubo inscripción de juntas directivas de las ONG, ni registros de miembros activos.

El estudio elaborado por el equipo legal abarcó a la Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES), Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas), Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social (FUNDASPAD), Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (PROVIDA), Asociación para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades en El Salvador (APDEMES), Asociación de Mujeres Tecleñas (ATM), Fundación Ambientalista de Santa Ana (FUNDASAN), Pro Basket – Quique Samour y  La Factoría Ciudadana. 

Para construir el informe los abogados analizaron inscripciones, credenciales, balances presentados de manera incompleta en el registro de asociaciones sin fines de lucro, información emanada por la Asamblea Legislativa, dictámenes emitidos por la Comisión de Hacienda de las pasadas legislaturas y reportes de la Gerencia de Recursos Humanos del Órgano Legislativo para determinar la nómina de personal vinculado a las ONG y convenios institucionales que justificaban la erogación de fondos.  

Los especialistas propusieron a la Comisión Especial realizar reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales y Ley General del Presupuesto para evitar que haya adjudicaciones discrecionales como las efectuadas en las legislaciones pasadas.I