ICEFI advierte deficiencias en proyecto de presupuesto para el 2019

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) llevó a cabo el foro «El Proyecto de Presupuesto 2019 frente a la encrucijada del cambio de Gobierno». El evento contó con el apoyo de Oxfam y en el mismo participaron representantes de las fórmulas presidenciales y líderes de organizaciones sociales. El Instituto brindó recomendaciones para lograr un presupuesto más transparente, con mayores recursos y más capacidad de lograr impactos sobre el bienestar social.

Por el lado de los ingresos, el proyecto de presupuesto plantea una carga tributaria bruta del 17.9% para 2019, por debajo del 18.6% estimado por Icefi (18.2% sería la carga tributaria neta) para 2018; esto implicaría una caída de la carga tributaria bruta hasta los niveles observados en 2013. Este desplome en la recaudación está asociado a que los efectos de la regularización tributaria (Amnistía), fueron temporales, con impacto únicamente para 2018; así como a la declaración inconstitucional que la anterior Sala de lo Constitucional estableció sobre los decretos 762 y 764 por vicio de forma.

El Instituto señaló que, en materia del presupuesto de egresos, el proyecto 2019 para el Gobierno Central, alcanza USD6,733.2 millones, 23.8% mayor al presupuesto vigente al 31 de agosto, como consecuencia del incremento del pago de la deuda por cerca de USD800.0 millones; aunque se debe señalar que no aparece contemplada la posibilidad de que los inversionistas hagan efectiva la opción de venta de los más USD286.5 millones que pudieran exigir para 2019. Excluyendo el monto de amortizaciones de la deuda e incluyendo los gastos del sistema previsional, el nivel de gastos para el Gobierno Central, se sitúa en USD5,642.7 millones, equivalente al 20.9% del PIB, por debajo del 22.2% esperado para el cierre de 2018, y constituyendo el nivel más bajo de gasto del gobierno del presidente Sánchez Cerén.

 Además del aumento del servicio de la deuda, los otros incrementos están asociados al sistema de pensiones y fideicomiso de obligaciones previsionales (FOP) y del financiamiento al régimen de pensiones de previsión social de la fuerza armada; además, una mayor asignación a las municipalidades, al Tribunal Supremo Electoral por la contienda presidencial, el financiamiento al fideicomiso de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos, con sede en la ciudad de Santa Tecla; otro punto a resaltar es un incremento de los subsidios al gas propano y a la energía eléctrica.  El Icefi mostró que para 2019 el rubro del servicio de la deuda será más grande que el de educación y salud juntos. En cuanto a la educación, para 2019 alcanzaría el 3.69% del PIB, levemente superior al 3.67% que se estima cerrará en 2018; sin embargo, al hacer una revisión histórica, el gasto de educación para 2019 será menor a lo que se destinaba en 2009, lo que contrasta con la caída en la matrícula neta de la mayor parte de niveles educativos. Misma situación sucede con el ramo de salud, en el que se presupuesta para 2019 un 2.45% del PIB, levemente superior al 2.41% del PIB con el que se espera cierre en 2018; pero inferior a los niveles que se tenían en el 2013; esto contrasta con los más de USD38 millones que destinarán, para 2019, los tres Órganos del Estado para contratar seguros de salud privados para sus funcionarios.

El gasto en desarrollo social del gobierno central, para 2019, como porcentaje del PIB, sería de 9.6% del PIB, superior a la estimación de cierre de 2018; sin embargo, caería a niveles mostrados en 2013. Esta situación se agrava si se analiza el gasto social del Sector Público no Financiero (SPNF), el cuál pasaría de 14.7% del PIB en 2018 a 14.0% del PIB en 2019. La inversión pública en niñez y adolescencia (IPNA) para 2019 caería, al pasar de USD1,666.2 millones en 2018 (vigente a septiembre) a USD1,623.7 millones, equivalente a una caída del 2.5%.  En términos del PIB se observaría una reducción de 0.4 puntos porcentuales (de 6.4% en 2018 a 6.0 en 2019), una tendencia que se ha presentado desde 2007 y, una reducción de medio punto porcentual en términos de gasto público total.

El Instituto remarcó que el déficit fiscal planteado, para 2019, para el Sector Público no Financiero (SPNF), incluyendo el gasto derivado del sistema previsional, sería de 3.7% mayor al 3.1% estimado por Icefi para el cierre de 2018. Este incremento del déficit pone de relieve la fragilidad de las finanzas públicas salvadoreñas, además de mostrar que el costo previsional continúa siendo un problema no resuelto y una significativa carga para el Estado. Con los valores previstos, la deuda del Gobierno Central se mantendría en alrededor del 45.0% del PIB, reportando cierto estancamiento respecto al valor estimado por Icefi para el cierre 2018. Sin embargo, al incluir la deuda derivada del sistema previsional, se mantendría una tendencia creciente, hasta alcanzar, el Gobierno Central, 67.4% del PIB, por encima del 66.9% esperado para 2018.

El Icefi lamentó que el proyecto de presupuesto de 2019 no se haya presentado por programas con enfoque de resultados, lo que limita la posibilidad de orientar los esfuerzos y recursos públicos (humanos, financieros y tecnológicos) a la búsqueda de resultados de desarrollo; a la vez que restringe la posibilidad de evaluar la coherencia del presupuesto público con el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado y el gobierno. Asimismo, recalcó que El Salvador es el país peor evaluado de toda América Latina en el índice de Presupuesto Abierto, en el apartado de participación ciudadana durante el ciclo presupuestario, al obtener una nota de 6 sobre 100.

Al darse la discusión del proyecto de presupuesto en el marco de las tensiones de la contienda electoral, el Icefi indicó que en el escenario de no aprobarse y con la obligación de pagar USD800 millones en bonos en 2019, El Salvador estaría en las vísperas de una crisis fiscal de gran envergadura. Por ello, el Icefi realizó una serie de recomendaciones para la aprobación del presupuesto 2019. Entre éstas destacan que el Ministerio de Hacienda publique sus proyecciones de recaudación adicional por reducción del incumplimiento tributario, de la defraudación tributaria o aduanera, la meta de facilitación del cumplimiento de los contribuyentes, y otras metas, que permitan monitorear el desempeño de la administración tributaria. Asimismo, se urgió evitar aprobar iniciativas de ley que contengan exenciones, exoneraciones y/o incentivos sin estudios técnicos que demuestren que los beneficios sean más altos que sus costos.

Además, se deben eliminar los seguros de salud para funcionarios públicos y trasladar esos recursos para fortalecer el sistema público de salud, especialmente para la compra de vacunas y medicinas. Reducir sustancialmente los gastos reservados de la inteligencia del Estado y reorientarlos al ramo de educación, especialmente a aumentar la cobertura de la educación. Incluir en el decreto de aprobación que el proyecto de presupuesto de 2020 se tendrá que elaborar bajo el enfoque de presupuesto por programas con enfoque de resultados. Para ello, además, se recomienda crear una mesa interinstitucional entre las instituciones públicas y las organizaciones de sociedad civil interesadas en el tema, para diseñar una estrategia que permita la apertura por sexo de los indicadores de la gestión del presupuesto por resultados. Asimismo, se debe establecer en el decreto de aprobación que el Ministerio de Hacienda, la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia  y el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) conformarán una comisión técnica especializada en niñez y adolescencia, la cual definirá los lineamientos metodológicos para el cálculo contable de la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia (IPNA), así como para la elaboración de un informe cuatrimestral consolidado de la ejecución presupuestaria de la (IPNA).

Finalmente, el Icefi urgió a la Asamblea Legislativa establecer mecanismos que permitan la participación ciudadana en todas las fases del ciclo presupuestario, así como la creación de una comisión que conduzca el diálogo y la negociación para alcanzar un acuerdo fiscal que permita cumplir con las metas establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero sobre todo que devuelvan a la política fiscal la capacidad de garantizar derechos, potenciar el desarrollo y consolidar la democracia.

Lea el documento «El proyecto de presupuesto 2019 de El Salvador: la herencia de los problemas fiscales»

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