Icefi advierte recortes presupuestarios en áreas claves por pago de deuda

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) publicó un análisis a la Ley del Presupuesto 2023 y su comparación con el presupuesto ejecutado en 2022. En este se señala que, aunque hay una disminución en el déficit fiscal y el saldo de la deuda pública, puede ser a costa de las otras ramas presupuestarias.

El Icefi advierte que, aunque existe una aparente mejor en el resultado macro fiscal y de la sostenibilidad de la deuda pública, el recorte de otras áreas presupuestarias pueda ser a costa del bienestar de la población salvadoreña.

Señala que, en el 2023, la partida presupuestaria más grande es el pago del servicio de la deuda pública, que incluye intereses y amortizaciones, alcanzando USD2,134.9 millones, muy por encima de los USD1,502.5 para el ramo de educación o de los USD1,131.1 millones para el de salud. Es decir, casi una cuarta parte del presupuesto de 2023 está asignada para el pago de la deuda pública.

Icefi identifica que el presupuesto aprobado incluye partidas de gasto subestimadas, como la devolución de impuestos y el servicio de la deuda. «Por su relevancia en un contexto de inflación alta y con niveles bajos de cobertura de protección social, el recorte que en 2023 se está aplicando al ramo de agricultura y al programa de la pensión para los adultos mayores y personas con discapacidad, contrasta con los aumentos en las asignaciones de recursos para la Secretaria de Comunicaciones y la Secretaria de Prensa, de la Presidencia de la República».

Se espera que tanto el déficit fiscal como el saldo de la deuda pública mantengan una tendencia a la baja.

El Icefi recomienda no aprobar nuevas exenciones, exoneraciones o incentivos, sin el respaldo de estudios técnicos que demuestren que los beneficios de esas medidas son más altos que sus costos.

Así también, readecuar el presupuesto, reduciendo los recursos asignados a la partida 54305 relacionada con publicidad, a la Secretaría de Comunicaciones y a la Secretaría de Prensa de la Presidencia; eliminar la partida de primas y gastos de seguros privados; prohibir la contratación de funcionarios ad-honorem y regular las escalas salariales de los asesores.