Economía
Icefi advierte necesidad de un pacto fiscal para cumplir Plan Cuscatlán
Este día, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) realizó el foro «Desafíos fiscales para el nuevo Gobierno de El Salvador», así también presentó los resultados de la evaluación del Gobierno del Gobierno saliente, tomando en base el «Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 El Salvador: productivo, educado y seguro».
Sobre la gestión del presidente saliente, Salvador Sánchez Cerén, el Icefi concluyó que la mayor parte de las metas propuestas en las áreas económica, social y fiscal no fueron cumplidas. A su criterio, los avances fueron insuficientes y estuvieron marcados por la crítica situación fiscal; el enfoque de austeridad adoptado provocó incluso un deterioro en indicadores sensibles de educación y salud.
Sobre el Gobierno entrante, explicó que se enfrentarán a una situación fiscal crítica que dificultará concretar su Plan de Gobierno. El Icefi recomienda iniciar lo más pronto posible el proceso político para lograr un pacto fiscal y poder concretar sus promesas electorales, entre las que se destacan: lograr que la economía crezca al menos a un 3.5% para 2024; la realización de megaproyectos (aeropuerto en el oriente del país, transporte ferroviario, entre otros); el incremento del 3% del PIB del gasto social, el aumento progresivo del gasto público en salud a no menos del 5% del PIB y, el aumento del 3% del Presupuesto General de la Nación a la Universidad de El Salvador.
Durante el foro, el Icefi destacó los principales desafíos estructurales que el nuevo Gobierno deberá superar: un gasto público bajo, no vinculado a una planificación de mediano y largo plazos; unos ingresos públicos insuficientes y recaudados de manera inequitativa, insuficientes para financiar una estrategia de desarrollo con altos niveles de evasión y de privilegios fiscales injustificados y un déficit fiscal alto y niveles de deuda insostenibles.
Adicionalmente, el gobierno entrante deberá cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social, que establece que para 2021 la carga tributaria bruta no puede ser menor al 18.5% del PIB y los gastos de consumo no pueden ser mayores a 14% del PIB. En esta ley ha quedado establecido, para 2021, un ajuste fiscal de 3% del PIB por medio de acomodos en ingresos y gastos, por lo que el nuevo Gobierno debe presentar una hoja de ruta que permita cumplir con estas metas.