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IAIP emite comunicado sobre el manejo y el acceso a los archivos militares del conflicto armado
El Instituto de Acceso de Información Pública se pronunció al respecto de la posible desaparición y destrucción de los archivos militares de la masacre El Mozote. En un comunicado, el IAIP se refirió a las declaraciones del presidente de la República, Nayib Bukele, donde aseguró que los archivos relacionados con el caso del Mozote pudieron haber sido destruidos; informando, además, sobre la existencia de “algunos documentos y registros en archivos militares en el Estado Mayor Conjunto y en Cuarteles, relativos al caso” encontrados como resultado de una búsqueda ordenada por él.
El IAIP considera «repentino» el hallazgo de documentos y considera que mina la credibilidad sobre las declaraciones de inexistencia previamente realizadas por el Ministerio de la Defensa Nacional, las supuestas búsquedas que se han realizado sobre documentos relativos a graves violaciones a derechos humanos y, también, pone en duda la seriedad de su Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos. «Bajo ninguna circunstancia, lícita o razonable, una institución podría haber declarado inexistencia de información que obrara en su poder, caso contrario estaría incumpliendo con la LAIP y sus consecuencias legales respectivas», señala el IAIP.
El IAIP señala que en abril de 2017, se presentó aviso ante la Fiscalía General de la República sobre la posible destrucción de documentos útiles en la investigación de graves violaciones a derechos humanos, y a la fecha no se ha tenido conocimiento sobre su procesamiento.
El Instituto calificó como «preocupante» la posible destrucción de los archivos militares e instó a que este hecho debe ser «debidamente investigada y juzgada» para determinar las responsabilidades administrativas y penales de esa cartera del Estado.
De igual forma, es necesario aclarar que, las decisiones sobre la existencia, completitud, validez y relevancia de la información relativa a casos como la masacre del Mozote y lugares aledaños, no puede depender exclusivamente de las misma institución cuyos integrantes cometieron los hechos; por el contrario, resulta esencial el ejercicio de la función judicial y la intervención de otras entidades independientes para el establecimiento certero de los hechos y la determinación de las responsabilidades.