Internacional
Guatemala: señalamientos de la ONU contra fiscal general profundizan la crisis del sistema judicial
Si algo le faltaba al turbulento sistema judicial de Guatemala, eran los señalamientos directos de Naciones Unidas contra la fiscal general, Consuelo Porras. Las acusaciones por presuntas adopciones ilegales reavivaron un conflicto institucional que ya atraviesa una etapa decisiva.
Porras rechazó de forma categórica las acusaciones. Sin embargo, el señalamiento se suma a un escenario marcado por disputas políticas, sanciones internacionales y una renovación clave de altas autoridades.
ONU vincula a Porras con adopciones irregulares
Expertos de la ONU señalaron a Porras por su presunta vinculación con adopciones ilegales de al menos 80 niños indígenas entre 1968 y 1996. Los hechos se remontan a su gestión en el Hogar Temporal Elisa Martínez en 1982.
La relatora especial Margaret Satterthwaite pidió una investigación independiente. Los expertos mencionaron posibles irregularidades como fraude, coacción y falta de consentimiento.
Porras calificó los señalamientos como falsos y con motivación política. Además, anunció que acudirá a instancias de la ONU para exigir revisión y corrección.
La fiscal también enfrenta sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por presunta corrupción y obstrucción de investigaciones, además de ataques a la democracia.
La elección de la Corte de Constitucionalidad, en el centro del pulso
El conflicto ocurre mientras avanza la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031.
La CC actúa como máximo tribunal constitucional. Además, resuelve disputas electorales y controla decisiones de los otros poderes del Estado.
Cinco entidades designan a los magistrados titulares y suplentes: el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo.
El CANG eligió la semana anterior a Astrid Jeannette Lemus Rodríguez como titular. La jornada estuvo marcada por operativos del Ministerio Público y protestas.
Este 16 de febrero, la USAC designó a Julia Marisol Rivera Aguilar como magistrada titular. En esa votación, Porras perdió su postulación. Ella, próxima a dejar su cargo, buscaba una magistratura. Según sus críticos, motivada por obtener fuero porque sabe que al dejar el Ministerio Público estará como blanco de múltiples investigaciones.
El Congreso y el Ejecutivo también avanzan en sus procesos. El presidente del país, Bernardo Arévalo, prometió transparencia, aunque confirmó sesiones cerradas para evaluar expedientes.
La Corte Suprema de Justicia aún debe nombrar a su representante. Analistas señalan que Porras podría intentar esa vía.
Presidente Arévalo denuncia interferencias
Arévalo acusó al Ministerio Público de realizar acciones para intimidar votantes durante la elección en el CANG. Calificó estos movimientos como intentos de alterar el proceso.
El mandatario sostiene que existe un entramado que busca controlar la justicia. Además, ha pedido la destitución de Porras por presunta obstrucción democrática.
Desde su llegada al poder, en enero de 2024, Arévalo ha enfrentado múltiples amparos ante la CC. Según reportes, el ritmo de recursos supera al de administraciones anteriores.
El presidente afirma que defiende la independencia judicial y rechaza cualquier intento de “golpe” institucional.
Las elecciones del CANG fueron interrumpidas por el Ministerio Público con un allanamiento. Aunque los comicios continuaron, fueron concluidos entre registros y la presencia de personal armado. Esto fue interpretado por Arévalo como un nuevo ataque de la fiscal general que buscaba intimidar a los votantes. Incluso ,la presidenta del Colegio de Abogados, Patricia Gámez, fue registrada por fiscales y policías frente a sus colegas. Buscaban incautar su teléfono celular.
La acción fue rechazada por el gremio.
Un sistema judicial bajo presión estructural
El conflicto actual refleja una crisis más amplia. Organismos internacionales han advertido sobre cooptación del sistema judicial por élites políticas y económicas.
Entre 2020 y 2025 se documentaron más de 200 ataques contra jueces, fiscales independientes, defensores y periodistas.
El año 2026 resulta clave. Además de la CC, se renovarán otras autoridades como la Fiscalía General y el Tribunal Supremo Electoral.
Estas decisiones influirán en el equilibrio de poder y en las elecciones de 2027.
Mientras tanto, organismos como la CIDH y la ONU piden procesos transparentes y basados en méritos.
Los señalamientos contra la fiscal general se suman a esta disputa. En consecuencia, el sistema judicial guatemalteco enfrenta uno de los momentos más tensos de su historia reciente.