Grupos parlamentarios presentan Ley Integral del Agua

Ayer, por medio de un comunicado de prensa, diversos grupos parlamentarios de la Asamblea legislativa, a excepción del FMLN, presentaron el proyecto de “Ley Integral del Agua” en donde craron un ente rector liderado por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén , junto con la participación de las alcaldías y empresa privada.

“La falta de una ley que regule el uso del recurso hídrico le ha pasado factura al país y a los salvadoreños. Ha dejado como administrador único del recurso a ANDA, una institución vulnerable y saqueada por el corrupto de turno que lejos de sentar precedentes justos para el uso y distribución del agua ha incrementado tarifas”, reza el comunicado.

Dicha propuesta fue presentada principalmente por el diputado Johnny Wright (ARENA), Guillermo Gallegos (GANA) y Mario Ponce (PCN).

Este anteproyecto de ley, plantea que la “autoridad hídrica” tendría la administración total, y entre sus facultades estarían fijar las tasas por servicios administrativos, técnicos y científicos prestados a terceros, sean estos públicos o privados; establecer el monto anual de las tasas por uso y aprovechamiento de los recursos hídricos y vertidos; autorizar o suspender permisos otorgados para la exploración; sancionar por violaciones a la ley; y elaborar y aprobar un plan nacional hídrico, incluyendo los planes zonales de cuenca.

Admás, Mario Ponce dijo que esta propuesta “ha sido construida entre gente de este mismo Gobierno, me refiero a la misma ministra de Medio Ambiente, regantes, empresa privada, tanques de pensamiento, este es el proyecto ideal para desentrampar”, dijo Ponce.

El ente rector, podrá analizar las apelaciones contra las sanciones impuestas por entes sancionadores regionales, estará adscrito al Ministerio de Medio Ambiente (MARN), conformado por el Presidente, dos representantes de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (Comures) y dos propuestos por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

Se propusieron tambien imponer multas por incumplir la ley desde $1,500 a $300,000.00. Entre las infracciones graves está depositar desechos sólidos, escombros, ripios o substancias peligrosas en los cauces de los cuerpos de agua o áreas de uso restringido. También se dejaría prohibido la explotación de las aguas subterráneas.

Asimismo, estaría sobre la autoridad de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). “A nivel de cada región hay un ente sancionador del mal uso o la contaminación. Cualquier sanción también están sujetas a apelación a un ente superior (ente rector)”, detalló. Además el ente rector augura que habrá detractores del proyecto y dice que estos argumentarán que “servirá para beneficiar a unos pocos” pero que obviarán que fue consensuado por el MARN y técnicos del sector productivo.