Gobierno propone reformar ley para autorizar al superintendente de Regulación Sanitaria a emitir política farmacéutica nacional

El Ministerio de Salud propuso a la Asamblea Legislativa una serie de reformas a la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, entre las que destaca una nueva facultad que permitiría al superintendente de esta entidad emitir y modificar la política farmacéutica nacional, así como otras políticas relacionadas con sus funciones.

Esta iniciativa contempla la incorporación de la facultad número 42 al marco legal, dotando al superintendente del poder de definir lineamientos clave en materia de medicamentos y otras áreas afines a la regulación sanitaria. Según el Ministerio, el objetivo es fortalecer el rol rector de la institución en el sistema de salud del país.

Además, la reforma plantea cambios en la composición del Consejo de la Superintendencia, al incluir un representante designado por la máxima autoridad de la Defensoría del Consumidor. También se establece una nueva disposición en el artículo 33, la cual obliga a toda persona o entidad —sea pública o privada— a colaborar con la Superintendencia cuando esta lo solicite, siempre que sea conforme al objeto y competencia definidos por la ley.

Entre otras modificaciones, el proyecto también permitiría al superintendente fijar las remuneraciones, dietas y compensaciones del personal, así como autorizar a la entidad a donar productos decomisados que sean aptos para el consumo humano y a hacer públicos los tarifarios por los servicios que presta.

En total, son diez los artículos que serían modificados y se incluirían dos nuevos:
Artículo 41-A: Exime del pago de tarifas a organismos internacionales que brinden ayuda humanitaria o impulsen el desarrollo en El Salvador.

Artículo 41-B: Permite que instituciones públicas como los ministerios de Salud y Agricultura presten servicios de análisis de calidad a la Superintendencia, y cobren por estos conforme a las tarifas oficiales.

Otra de las disposiciones destacadas es la obligación para la Superintendencia de obtener, en un plazo no mayor a 30 meses desde la entrada en vigor de la reforma, una certificación anti-soborno como lo estipula la Ley de Compras Públicas.

La Ley de la Superintendencia entró en vigencia el 9 de agosto de 2024, y para el ejercicio fiscal de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto de $22.6 millones para su funcionamiento. Las propuestas de reforma ya han sido remitidas a la Comisión de Salud, Agricultura y Medioambiente, que las analizará en su próxima sesión programada para el lunes 26 de mayo.