Gobierno propone nueva reforma a la Ley contra el Crimen Organizado ante vencimiento del decreto 803

El Gobierno de El Salvador presentó una nueva solicitud de reforma a la Ley Especial contra el Crimen Organizado, a pocos días de que venza el Decreto Legislativo 803, el cual expira el próximo 25 de agosto de 2025. Esta normativa había otorgado un plazo especial de 24 meses para procesar penalmente a miembros de estructuras criminales, incluyendo pandillas, dentro de un mismo caso.

La propuesta fue presentada por el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, ante la Asamblea Legislativa. Según explicó, los cambios buscan fortalecer la eficiencia y eficacia en el combate contra el crimen organizado, otorgando mayor margen de acción al sistema judicial.

“Estas reformas permitirán mejorar los procesos judiciales en casos complejos, garantizando una persecución penal efectiva contra las estructuras criminales”, expresó el ministro Villatoro durante su intervención.

¿Qué contempla la nueva reforma?
Uno de los principales cambios consiste en que el plazo de instrucción de 24 meses comenzará a contar a partir del momento en que el juez, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), asigne un número de causa a cada estructura criminal. Este plazo aplicará sin importar la fecha de captura de los imputados, permitiendo así procesar de manera integral a todos los involucrados en una misma red delictiva.
De acuerdo con el artículo 6 de la propuesta de reforma:

“Una vez presentada la solicitud para la asignación de causa, el plazo de instrucción aplicable será el dispuesto en el artículo 17 de esta ley (24 meses), contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud, sin perjuicio de la fecha de captura de los imputados”.

Eliminación del registro anterior y nueva audiencia única
Otro punto importante que se incluye en la reforma es que la Dirección General de Centros Penales deberá cumplir de forma inmediata la orden del juez de crimen organizado para eliminar los registros vinculados al Decreto 803, una vez se apruebe el nuevo régimen procesal.

Asimismo, se introduce la figura de una “Audiencia Única Abierta”, que deberá realizarse dentro de los 60 días posteriores a la acusación fiscal y se mantendrá abierta durante un plazo de hasta dos años, o mientras queden miembros de la estructura sin ser juzgados.
El texto también aclara que el juez podrá cerrar esta audiencia con la venia del fiscal, aunque se podrá reabrir el proceso si surgen nuevos implicados o si la estructura criminal continúa activa.

¿Qué implica esto para la justicia penal?
Con esta reforma, el Ejecutivo busca mantener la capacidad de procesar casos complejos de crimen organizado sin limitaciones por la captura escalonada de los sospechosos. La normativa actual había facilitado importantes procesos judiciales en el marco del combate a las pandillas, y su vencimiento generaba preocupaciones sobre eventuales obstáculos legales.
La propuesta ahora está en manos de los diputados, quienes deberán debatir y votar su aprobación antes del 25 de agosto.