Gobierno busca endurecer penas contra los conductores peligrosos

El Gobierno busca una nueva reforma penal para endurecer las penas aplicables al delito de conducción peligrosa y llevarlas hasta 10 años de prisión en algunos casos.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, propuso una nueva reforma al artículo 147-E del Código Penal con la que buscan fortalecer la legislación existente y aumentar las sanciones contra quienes pongan en riesgo la seguridad vial mediante disputas de vías, competencias sin autorización o la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas.

Incremento en las penas
En 2 ocasiones durante el 2021 el artículo 147-E del Código Penal fue modificado en dos ocasiones durante 2021 y este impone una pena de entre 2 y 4 años de prisión por conducción peligrosa de vehículos de motor, una reducción que se realizó en noviembre de 2021 después de que la reforma de septiembre del mismo año la elevara a entre 4 y 6 años.
La nueva propuesta contempla aumentar el rango a entre 2 y 5 años de prisión.

En cuanto a la conducción peligrosa en vehículos de transporte público o de carga, la propuesta elevaría las penas a entre 5 y 10 años de prisión.
Esto representa un cambio significativo respecto a las reformas de 2021, cuando inicialmente se establecieron penas de entre 5 y 8 años en septiembre, para luego reducirlas a entre 3 y 6 años en noviembre.

Sanciones más estrictas por homicidio culposo
Uno de los puntos más destacados de la propuesta es el endurecimiento de las penas en casos donde la conducción peligrosa resulte en homicidio culposo o lesiones muy graves.
Actualmente, el Código Penal incrementa la pena hasta un tercio del máximo, lo que equivale a 8 años de prisión. Con la reforma, la pena podría alcanzar hasta 10 años en casos relacionados con vehículos de motor y hasta 15 años si el delito involucra transporte público o de carga.

Medidas complementarias
La propuesta también incluye disposiciones adicionales para combatir la conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o psicoactivas. Según el texto, las pruebas realizadas en controles vehiculares serán consideradas prueba suficiente en flagrancia para determinar el delito.
La iniciativa del gobierno busca responder al creciente número de incidentes de tránsito relacionados con conductas irresponsables, así como a las demandas de mayor seguridad vial por parte de la ciudadanía.
Con esta propuesta, el Ejecutivo pretende disuadir a los conductores de incurrir en comportamientos peligrosos y garantizar un entorno más seguro para los usuarios de las vías.
El pleno legislativo conoció el martes 17 de diciembre la iniciativa, que ahora se encuentra en proceso de análisis para su eventual aprobación.