FUSADES advierte mayor pobreza, desempleo y debilitamiento de la institucionalidad con el proyecto de presupuesto 2021

La Fundación Salvadoreño de Desarrollo Económico y Social (FUSADES) presentó una edición especial de la Serie de Investigación “Presupuesto de Nación 2021: Una fórmula para la pobreza y el desempleo”, elaborado a partir de un análisis integral desde los ámbitos sociales, jurídicos, políticos y económicos. A continuación, las principales conclusiones.

FUSADES señala que el proyecto de presupuesto se basa en supuestos irreales; además, el presupuesto viola la legislación vigente y es utilizado para impulsar el clientelismo político, al ofrecer a la población promesas que no se pueden cumplir, y reduce el presupuesto a las instituciones de control, suponiendo un golpe al proceso democrático y a la institucionalidad del país.

La Fundación afirma que de aprobarlo tal como se ha presentado equivale a seguir una trayectoria que llevará al país a una situación de impago de la deuda pública, crisis fiscal, recesión económica, desempleo, pobreza, y retroceso en la institucionalidad democrática.

Ante esta situación existen ocho contrastes entre el Presupuesto General de la Nación que el país necesita y el Proyecto de presupuesto 2021 que se ha presentado:

1. Un presupuesto viable debe presentar asignaciones presupuestarias realistas, acompañadas de planes de desarrollo conocidos por la población; en contraste, el proyecto presenta incrementos de gastos sin planes, metas y objetivos claros, y en algunos casos los planes que sí existen se han declarado información reservada.
2. Mientras que el presupuesto debe basarse en evidencia e información veraz, el proyecto de presupuesto parte de información falsa o carece de la debida sustentación técnica, por lo cual ofrece promesas que no se podrán cumplir.
3. El Presupuesto General de la Nación debe cumplir con la Constitución; sin embargo, el Proyecto de Presupuesto 2021 es contrario a la misma, porque no respeta los principios de unidad, equilibrio presupuestario y universalidad establecidos en la Constitución y en la jurisprudencia constitucional, por lo que si llegase a aprobarse con tales deficiencias podría ser sujeto a control constitucional.
4. El Ministerio de Hacienda está obligado a cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal vigente y debe presentar el “Plan de Regularización” de la ley, y la “Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento” respecto a la veracidad del contenido del Proyecto de Presupuesto; a la fecha no lo ha hecho, ya que ninguno de estos documentos ha sido entregado a la Asamblea Legislativa.
5. El proceso presupuestario es el instrumento natural para impulsar los objetivos de desarrollo del país y para salir de esta crisis; pero en su lugar el proyecto de presupuesto que se ha presentado es un instrumento político para lograr objetivos electorales.
6. El presupuesto debe fortalecer la institucionalidad democrática y las instituciones de control; en su lugar el proyecto de presupuesto reduce las partidas presupuestarias a la mayor parte de las instituciones de control y refuerza partidas que apuntalan las tendencias autoritarias.
7. Las proyecciones de ingresos en el presupuesto deben ser realistas y estar justificadas de acuerdo con la ley vigente; no obstante, el Proyecto de Presupuesto 2021 plantea un incremento de US$630 millones en la recaudación del impuesto sobre el valor agregado (IVA), que únicamente podría alcanzar si la tasa de este impuesto sube a 16.5%, pero el Gobierno no ha explicado si hará tal incremento o cómo alcanzaría tal meta. Similar situación ocurre con el impuesto sobre la renta (ISR).
8. El presupuesto debe buscar un equilibrio fino entre preservar la estabilidad macroeconómica y cubrir las necesidades de la población; pero el proyecto de presupuesto eleva la deuda pública al grado de exponer al país a una gran recesión que conlleva a más pobreza y desempleo. Corregir este rumbo requeriría de un ajuste de más de 6% del producto interno bruto (PIB).

«Por estas razones, el Proyecto de Presupuesto 2021 no debe aprobarse; en su lugar, debe negociarse uno que permita una salida a la crisis social y económica que está viviendo la población, buscando el apoyo técnico de organismo internacionales que posibilite, a su vez, su financiamiento en condiciones favorables para el país», concluye FUSADES.

Consulte el informe completo a continuación:

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