FUSADES advierte desnaturalización del rol de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil

Mediante comunicado de posición institucional la Fundación Salvadoreño de Desarrollo Económico y Social (FUSADES) señala que la obstrucción de la Fuerza Armada a diligencias judiciales es una muestra más de irrespeto a la autoridad de las decisiones judiciales constitucionalmente establecida y una violación a la separación de poderes por parte del Órgano Ejecutivo.

La Fuerza Armada ha obstruido 4 diligencias ordenadas por un juez en el proceso penal conocido como “El Mozote”, relacionado con el acceso a archivos militares sobre operativos de la guerra civil.

«Las desobediencias de la PNC a requerimientos legítimos de la FGR y de la Asamblea Legislativa son actuaciones inconstitucionales y constituyen atentados de la mayor gravedad contra la esencia del Estado de derecho», se lee en el comunicado.

La Fundación señala que los cuerpos de seguridad están sometidos a la Constitución y a las leyes, por lo que sus actuaciones deben ceñirse estrictamente a las mismas, debiendo cesar las desobediencias a las órdenes que emitan otras autoridades en el ejercicio de sus facultades, así como también deben deducirse las responsabilidades legales por las graves vulneraciones al orden jurídico cometidas por medio de los incumplimientos.

FUSADES agrega que el Director General de la PNC se ha negado a cumplir con sus obligaciones jurídicas sobre requerimientos de otras instituciones del Estado que lo han ordenado dentro de sus funciones constitucionales, por ejemplo la Asamblea Legislativa convocó al Ministro de Hacienda a la Comisión Especial para investigar la colocación de títulos y préstamos en el marco de la pandemia por COVID, pero el Director se negó a hacerlo.

«En cuanto al nombramiento del Director General de la PNC como Viceministro de Seguridad Pública, lo cual coincide con el hecho de que la Asamblea Legislativa ha certificado a la FGR para que investigue la desobediencia y el posible cometimiento de delitos, se trata de una grave vulneración al orden jurídico y, además, de un verdadero fraude a la Constitución al concederle las prerrogativas de antejuicio y fuero constitucional y por ende protección ante un proceso penal», se lee en el comunicado.