El reciente acuerdo entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido recibido como una señal positiva por parte de la agencia Fitch Ratings, la cual subrayó que este pacto aliviará las restricciones financieras que enfrenta el país. 

El acuerdo, que contempla un préstamo de $1,400 millones, está orientado a fortalecer la consolidación fiscal y reducir las necesidades de financiamiento del gobierno salvadoreño.

En su comunicado, Fitch indicó que este respaldo permitirá mejorar la estabilidad económica del país. En particular, destacó que la reducción de la deuda pública, que el Ministerio de Hacienda estima en un 86.4 % del Producto Interno Bruto (PIB), será uno de los logros más importantes. 

La calificadora también subrayó que el acuerdo con el FMI contribuye a mejorar la calificación crediticia de El Salvador, que pasó de ‘CCC+’ a ‘B-‘ a principios de este año.

El directorio ejecutivo del FMI aprobó este acuerdo el pasado 26 de febrero, a través de un Servicio de Fondo Extendido. Este programa tiene como objetivo abordar los desequilibrios macroeconómicos del país, mejorar la transparencia y gobernanza, y establecer reformas clave para asegurar la sostenibilidad fiscal. 

Entre las medidas destacadas se encuentran una nueva reforma al sistema de pensiones en 2026 y una reducción de la masa salarial del sector público a partir de 2025.

Fitch también resaltó la mayoría política en la Asamblea Legislativa de El Salvador, lo cual, según la agencia, garantizaría el cumplimiento de las decisiones acordadas con el FMI. 

La calificadora prevé un progreso en la sostenibilidad fiscal, especialmente con la mejora en el saldo primario del sector público no financiero. El presupuesto de 2025 incluye medidas para lograr un ajuste fiscal inicial de 1.5 puntos porcentuales, y se espera que ese ajuste se amplíe a un 1.8 puntos en 2025, lo que podría generar un superávit primario del 1.2 % del PIB en ese mismo año.

Sin embargo, a pesar de los avances, Fitch también advirtió sobre varios riesgos asociados con la ejecución del programa. Uno de los principales desafíos radica en el manejo de la criptomoneda bitcoin, que El Salvador adoptó como moneda de curso legal en septiembre de 2021. 

Aunque el gobierno ha tomado medidas para modificar la Ley Bitcoin, eliminando la obligatoriedad de aceptar pagos con esta criptomoneda, el presidente Nayib Bukele ha indicado que las compras de bitcoin seguirán adelante. 

En cuanto a la utilización de los fondos, Fitch detalló que el 70 % del préstamo del FMI se destinará a apoyo presupuestario, incluyendo la creación de depósitos en el Banco Central de Reserva (BCR). 

El resto se utilizará para incrementar las reservas internacionales brutas del país. 

A través de este acuerdo, El Salvador también desbloqueará más de $2,000 millones en financiamiento adicional de otras instituciones internacionales en los próximos años.

El informe de Fitch subraya que, si bien el acuerdo con el FMI fortalecerá la capacidad de pago de la deuda a corto plazo y podría aumentar los depósitos bancarios en un 15 % para finales de 2026, también existen desafíos significativos, especialmente en la reducción del gasto público y la mejora de las medidas tributarias del gobierno. La agencia estima que la deuda pública podría experimentar una leve reducción, pasando del 87.6 % del PIB en 2024 a un 87.5 % en 2026.

Además, Fitch señaló que El Salvador no está exento de riesgos externos, como las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos, que podrían afectar las perspectivas de crecimiento del país. Asimismo, el fortalecimiento del dólar podría generar presiones sobre las exportaciones de El Salvador.

En conclusión, el acuerdo con el FMI representa un paso importante hacia la estabilización financiera de El Salvador, pero también presenta desafíos que el gobierno deberá afrontar para garantizar el éxito de las reformas acordadas.

Con información de diario El Mundo

Autoridades de la Corte Suprema de Justicia participaron en la presentación de los resultados de las mesas de trabajo dedicadas a analizar los criterios judiciales para la emisión de medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar.
El evento fue organizado por la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia (DMJ), con el respaldo de la Misión Internacional de Justicia (IJM, por sus siglas en inglés).
Durante su intervención, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, enfatizó la importancia de promover una cultura de paz y respeto. «Este es un punto de seguimiento para evaluar todas las políticas públicas implementadas y los avances en la erradicación de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes», afirmó.
Por su parte, Marla González, directora país de IJM, destacó la participación activa y reflexiva de los actores del sistema de justicia en este encuentro, señalando que los resultados obtenidos servirán como base para futuras acciones en la materia.
El informe presentado detalló las fases del proceso de emisión, notificación y seguimiento de las medidas preventivas, cautelares y de protección para mujeres víctimas de violencia en El Salvador.
En su elaboración participaron jueces y juezas de las jurisdicciones de Paz, Familia, Niñez y LEIV, junto con equipos multidisciplinarios y Centros de Atención Psicosocial de las tres zonas del país, quienes aportaron su experiencia para fortalecer el proceso.
Vanessa Leiva, directora de la DMJ, resaltó el valor de este esfuerzo colaborativo: «Participar en estas jornadas y compartir conocimientos refleja nuestro compromiso con la mejora continua de este mecanismo de protección».
En el marco de la conmemoración del Día Nacional e Internacional de la Mujer, se reconoció la labor de las magistradas Elsy Dueñas Lovos, de la Sala de lo Constitucional; Lidia Patricia Castillo, de la Sala de lo Civil; y Sandra Luz Chicas de Fuentes, de la Sala de lo Penal, por su contribución a la protección de los derechos de las mujeres dentro del sistema judicial.
El evento contó también con la presencia de los magistrados Luis Javier Suárez Magaña, de la Sala de lo Constitucional, y Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, presidente de la Sala de lo Penal, así como invitados especiales del ámbito judicial y organizaciones comprometidas con la justicia y la equidad de género.

El actual procurador general de la República, René Gustavo Escobar Álvarez, ha decidido postularse nuevamente para el cargo, buscando una reelección para el periodo que comienza el 2 de mayo de 2025 y finaliza el 1 de mayo de 2028. 

Escobar Álvarez, quien asumió el cargo el 27 de abril de 2022, es uno de los ocho aspirantes que se han registrado para ocupar la procuraduría, según informó la Asamblea Legislativa.

En su reciente gestión, Escobar Álvarez ha acompañado al comisionado presidencial de derechos humanos, Andrés Guzmán, durante el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, donde defendió la aplicación del régimen de excepción en El Salvador, asegurando que «la defensa técnica se le ha brindado de manera oportuna a todas las personas procesadas». 

En el ámbito administrativo, una de las decisiones destacadas bajo su liderazgo en la Procuraduría General de la República (PGR) fue la aprobación, el 16 de diciembre, de un reglamento de viáticos, que establece los gastos de alojamiento y alimentación para funcionarios o empleados que participen en misiones oficiales dentro y fuera del país, siempre que se encuentren a más de 15 kilómetros de su lugar de residencia.

El periodo de Escobar Álvarez como procurador finalizará el 1 de mayo de 2025, y su reelección dependerá de la decisión de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que actualmente se encuentra estudiando los expedientes de los ocho postulantes, aunque hasta el momento no ha sido convocada a reunirse para tomar una decisión.

Los otros 7 candidatos que compiten por el cargo incluyen:

1. Dionisio Ernesto Alonso Sosa: Ha sido jefe del Departamento de Asistencia Técnica a Juntas de Protección en el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.
2. Cándida Dolores Parada de Acevedo: Representante suplente de la procuradora general adjunta del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.
3. Juan José Loza Lizama: Abogado que se postuló como candidato propietario a diputado por el PCN en las elecciones de 2024, y que también intentó ser procurador en 2019.
4. Nelson Alexander Yanes Iraheta: Abogado y notario, directivo del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados (Foprolyd) por el Ministerio de Salud, y abogado de la Junta de Protección del Conna en La Paz.
5. Sara Nohemy García Leonardo: Secretaria del Juzgado de Primera Instancia del distrito de La Libertad.
6. Sara Yolanda González Alfaro: Representante legal de la sociedad Macarius, S.A. de C.V. en el Centro Nacional de Registros.
7. Karina Yaneth Martínez Guevara: Jueza de la Corte Suprema de Justicia, juramentada el 26 de septiembre de 2021.

Los 8 aspirantes continúan en el proceso, y la decisión final sobre quién ocupará el cargo de procurador será tomada por la Asamblea Legislativa en los próximos meses.

Con información de diario El Mundo

La Fundación Gloria Kriete (FGK) conmemoró 20 años de trabajo en beneficio de más de 3.2 millones de personas. Esta labor ha sido impulsada por la familia Kriete, en especial por la figura de Gloria Ávila Kriete, quien inspiró a sus hijos a seguir su ejemplo de servicio a la comunidad.

El presidente de la Fundación, Roberto Kriete, compartió que su madre, Gloria Ávila Kriete, fue clave en la formación de su visión de ayuda al prójimo. 

“Desde pequeños, mi madre nos inculcó el valor de servir a los demás. Ese espíritu lo compartimos con mis seis hermanos, y decidimos institucionalizar los programas que mi madre y nosotros ya apoyábamos», explicó Kriete, conmovido por los recuerdos familiares.

A lo largo de dos décadas, la Fundación ha desarrollado e implementado programas emblemáticos como «Ayudando a Quienes Ayudan», «Oportunidades» y la plataforma digital «Tu Chance». 

Además, ha respaldado iniciativas como PROSAIN, Ludoteca Hospitalaria, el Hogar de Niños Inmaculado Corazón de María Izalco y Kodigo.

La directora ejecutiva de FGK, Juana Jule, destacó los logros alcanzados, mencionando que en el programa «Oportunidades» más de 4,600 jóvenes se han beneficiado. Además, subrayó que en estos 20 años la Fundación ha invertido más de $70 millones, trabajando con 260 organizaciones y beneficiando a más de 2.7 millones de personas a través del programa «Ayudando a Quienes Ayudan».

Por su parte, Jule también anunció la creación de nuevas becas, invitando a organizaciones a sumarse a esta iniciativa. En colaboración con 14 instituciones, se han habilitado 60 becas para formación diversa, con una inversión total de más de $270,000.

Con motivo del aniversario, la Fundación ha organizado una serie de eventos, incluidos un concurso de periodistas, un congreso de educación, un podcast sobre los 20 años de la Fundación, webinars de «Tu Chance», un concierto en colaboración con la Fundación Edytra, becas para ciclismo, un congreso sobre salud mental, y actividades como la recolección de juguetes para las Ludotecas y el Juguetón.

Kriete también expresó su visión a largo plazo para la Fundación, asegurando que la FGK está pensada para perdurar. Junto con sus hermanos, tomaron la decisión de transferir patrimonio a la Fundación, garantizando su autonomía financiera para los próximos años. «Vemos la Fundación como una institución a perpetuidad», afirmó.

En cuanto a los desafíos, la Fundación se enfrentó este año a la reducción de fondos provenientes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). A pesar de un recorte de $1.5 millones debido a ajustes a nivel mundial, Kriete reafirmó que no se suspenderán programas. 

“Estamos buscando alternativas para continuar con nuestros esfuerzos», comentó el presidente de la Fundación.

Llamado a la acción para nuevas postulaciones

En el marco de los 20 años, la Fundación lanzó una nueva convocatoria para el programa «Ayudando a Quienes Ayudan». Violeta Meléndez, gerente del programa, presentó las categorías para la postulación, que incluyen proyectos de desarrollo comunitario y para ONG.

Los proyectos de ONG podrán optar a premios de $50,000, $75,000 y $100,000 según su clasificación, mientras que los proyectos de desarrollo comunitario recibirán apoyo de entre $5,000 y $15,000.

Las inscripciones están abiertas desde el 4 de marzo y las ONGs tienen hasta el 14 de mayo para presentar sus postulaciones, mientras que las comunidades podrán aplicar hasta el 21 de mayo. Todos los proyectos serán evaluados por un comité, y los finalistas serán anunciados en agosto.

La celebración del 20º aniversario de la Fundación Gloria Kriete marca un hito en su compromiso con el bienestar social, consolidándose como un referente de acción filantrópica en El Salvador y más allá.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes una nueva extensión del régimen de excepción, que llegará a su tercer año el próximo 27 de marzo.
Con esta 36ª prórroga, el gobierno mantiene la suspensión de derechos constitucionales por 30 días más, desde el 7 de marzo hasta el 5 de abril de 2025.
El régimen, implementado desde 2022 como parte de la estrategia de seguridad del gobierno, ha resultado en la captura de más de 85,000 personas según informes oficiales.
Según la Constitución de El Salvador, los derechos restringidos bajo esta medida incluyen el derecho a ser informado sobre la causa de detención, la limitación del tiempo máximo de arresto a 72 horas y la privacidad de las telecomunicaciones.
El Ejecutivo argumentó que la medida sigue siendo necesaria para frenar la evolución de estrategias adoptadas por grupos criminales.
Entre las amenazas detectadas, según el gobierno, está el reclutamiento de menores en instituciones educativas y el cambio de apariencia de los pandilleros para evitar ser identificados.

Durante la sesión legislativa, la diputada Evelyn Merlos, del partido oficialista Nuevas Ideas, explicó que la prórroga mantiene la suspensión de tres derechos constitucionales clave.
Estos incluyen el derecho a conocer los motivos de la detención y a contar con un defensor, el límite de detención sin presentar cargos y la restricción en la privacidad de las telecomunicaciones.
Fueron 57 votos a favor por parte de Nuevas Ideas, el Partido de Concertación Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Mientras tanto, los diputados de Arena se abstuvieron y la legisladora de Vamos votó en contra.