Fitch Ratings mejora la calificación de El Salvador tras intercambio y pago de los bonos

La agencia Fitch Ratings ha mejorado la calificación de incumplimiento de emisor de El Salvador de ‘RD’ a ‘CCC+’ debido a la finalización exitosa del intercambio y pago de los bonos con vencimiento en enero de 2023, lo que refleja la opinión de la agencia de que otro evento de incumplimiento ya no parece probable, aunque sigue siendo una posibilidad real.

La nota de ‘CCC+’ refleja una mejora en las posiciones de liquidez fiscal del fisco salvadoreño en relación con sus anteriores análisis, aunque los márgenes siguen siendo estrechos y el gobierno sigue con acceso restringido al mercado internacional y con alta dependencia a la deuda de corto plazo.

Fitch señaló en su reporte que el Gobierno concretó el canje de los CIP por los CFT el 28 de abril a través de tres series: A, B y C. La agencia detalló que la Serie A replica los términos de los CIP reestructurados en la reforma de pensiones de 2017, con vencimiento a 24 años y un rendimiento de 4.5%. En este segmento se encuentran emitidos más de $6,200 millones de ahorros de pensiones.

En tanto, la Serie B coincide con los CIP emitidos después de la reforma de 2017. Incluyen $2,200 millones, con un vencimiento de 44 años y un rendimiento de 6%. La Serie C tiene un rendimiento de 7%, con una extensión del vencimiento a 50 años e incluye cuatro años de gracia.

Fitch considera que el canje de los CIP por los CFT constituyó un impago de evento bajo. El intercambio tenía como objetivo reducir las necesidades de financiamiento del Gobierno central en un contexto de estrictas restricciones de financiamiento.

En un informe de febrero de 2023, Fitch advirtió que había un riesgo de incumplimiento con el canje de la deuda emitida en los Certificados de Inversión Previsional (CIP) a Certificados de Financiamiento de Transición (CFT). El nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) tenía hasta el 30 de abril para definir las nuevas condiciones y plazos para la sustitución de los CIP, según el margen de 120 días que dio la ley aprobada en diciembre pasado.

Los CIP se crearon como instrumento de financiamiento para que el Gobierno pudiera cumplir con las obligaciones derivadas del sistema de pensiones públicas. Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) otorgaban una parte de los ahorros que custodian, pero sus condiciones (rendimiento) eran cuestionables por ser menos competitivas que en el mercado.