Fiscalía reporta captura de 12 personas por estafas con conexiones ilegales de ANDA

La Fiscalía General ordenó la captura de 12 personas señaladas de integrar una estructura criminal que, mediante el uso fraudulento de cargos públicos, ofrecía conexiones ilegales al sistema de agua potable a cambio de pagos que oscilaban entre los $1,000 y $3,000 dólares.

Los detenidos, en su mayoría empleados de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), operaban principalmente en las regiones occidental y oriental del país, donde se estima que estafaron a más de 200 personas. Muchas de las víctimas eran familias de escasos recursos que intentaban regularizar el servicio de agua en sus viviendas.

Según la investigación iniciada en marzo de 2024, la red ofrecía de forma ilegal servicios como conexión de nuevos suministros, instalación de medidores y legalización de instalaciones antiguas. Las operaciones eran realizadas con la complicidad de un contratista externo y al margen de los procedimientos establecidos por ANDA.

Además del daño económico a los usuarios, las autoridades advirtieron que estas acciones afectaron directamente la sostenibilidad del sistema de distribución, perjudicando a quienes cumplían con los requisitos legales para acceder al agua potable.

Los capturados son:
José Elmer Umaña Ibarra

Marlon Ernesto Guzmán Mendoza

Carlos José Medina Vargas

Óscar Armando Linares Rivas

Ever Iván Orellana García

Rosa Idalia Pérez de Barahona

Carlos Mauricio Nolasco Menjívar

Jenny Elizabeth Pubil Chamul

Eldin Joel Portillo Aguilar

Mario Ernesto Cristales Hernández

Abel Ángel Rodríguez Chávez

Yanira Yaneth García de Rodríguez

Los detenidos enfrentarán cargos por estafa agravada, fraude de servicios de energía o fluidos, cohecho propio, cohecho activo y agrupaciones ilícitas.

“La Fiscalía no permitirá que empleados públicos corruptos se aprovechen de la necesidad de las personas para lucrarse a costa de los recursos del Estado”, señaló la institución en un comunicado oficial.

Las investigaciones continúan para determinar si más personas están involucradas en esta estructura delictiva que, además del impacto económico sobre las víctimas, comprometía un servicio esencial como el acceso al agua potable.