Fiscal general explica en la Asamblea nueva ley contra lavado de activos y armas de destrucción masiva

El fiscal general, Rodolfo Delgado, presentó ante la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa los objetivos de la propuesta de ley contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

Delgado señaló que la normativa vigente, vigente desde 1999, requiere una actualización para evitar la sobrerregulación que limita la inclusión financiera. “Se debe actualizar la normativa, es una necesidad imperante; no podemos continuar con un marco que atenta contra la apertura financiera”, afirmó.

La comisión, tras la reunión con el funcionario, aprobó el dictamen favorable.

Papel de la UIF y cooperación interinstitucional

El fiscal explicó que el nuevo sistema asigna un rol clave a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), apoyado en tres recomendaciones que fortalecerán la apertura financiera del país.

Asimismo, se creará el Comité Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAFT), que incluirá la participación de los tres poderes del Estado, la Superintendencia del Sistema Financiero, el Ministerio de Economía y la Fiscalía General. Esta estructura permitirá mejorar la coordinación nacional en la prevención y detección de actividades ilícitas.

Redefinición de sujetos obligados

Delgado destacó que la nueva ley redefinirá los sujetos obligados, excluyendo a emprendedores y pequeñas empresas recién constituidas, como las SAS o S.A. de C.V., salvo aquellas dedicadas a actividades financieras o que integren conglomerados financieros.

“Actualmente, un emprendedor que inicia su negocio automáticamente se convierte en sujeto obligado. La nueva ley corregirá esta situación, enfocándose en quienes realmente operan dentro del sector financiero”, explicó.

Estándares internacionales y evaluaciones futuras

Según el Fiscal, la normativa alineará a El Salvador con estándares internacionales de prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

Con la aprobación de la ley, el país podría mejorar sus calificaciones en las evaluaciones mutuas realizadas por organismos internacionales, incluyendo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), fortaleciendo así la confianza de inversionistas y entidades financieras internacionales.