Financiamiento de partidos políticos y conflicto de intereses – Edición #85

El informe de Acción Ciudadana sobre las fuentes de financiamiento de 2017 muestra la incidencia de privados en los partidos políticos. Evidentemente, más allá de la buena voluntad de privados en financiar a partidos políticos, cabe cuestionar posibles conflictos de intereses como formas de corrupción política. Históricamente, esta es una de las formas y fuentes de reproducción de la corrupción en El Salvador. En consecuencia, es necesario regular mediante políticas inteligentes que reglamenten y transparenten el financiamiento de los partidos políticos. De esa manera se salvaguarda el principio de representatividad de la democracia, esa democracia de las mayorías y no de pequeños grupos.

El conflicto de intereses consiste en subordinar el interés colectivo al interés individual. Esta es una forma de corrupción que impacta en el desarrollo, provoca fallas y debilidad institucional, desigualdad y conflicto social. El conflicto de intereses ocurre cuando las empresas, organismos o personas financistas utilizan intencionalmente el financiamiento de partidos políticos como un mecanismo para coartar a los institutos políticos y los condicionan en sus acciones cuando ocupan su cargo público. Con esto se desvía la función pública del bien común y los partidos políticos corren el riesgo de rendir cuentas a sus financistas y no a la ciudadanía.

No es extraño que quien financia la campaña de los partidos políticos luego cobre la factura en forma de privilegios, medidas, políticas y reformas, y cargos o puestos públicos en su favor. De esta forma se pierde el principio de la mayoría de la democracia, y pasa a prevalecer el interés privado sobre el colectivo.

Por ello es necesario regular la posibilidad de incidencia malintencionada en política. El desafío consiste en avanzar hacia la transparencia fiscal que combata la opacidad con los financistas y el secretismo.

Indiscutiblemente, un problema de profundas raíces en El Salvador es el uso de la política partidaria como una herramienta que unos pocos usan para sus intereses políticos y económicos, un beneficio que unos pocos pueden comprar en detrimento de la ciudadanía. Y es que, el que tiene más dinero puede crear condiciones políticas que lo favorecen, pero con esto atentan contra la democracia y el principio de la mayoría. Por estas razones es necesario regular la posibilidad de incidencia ilegal en política, ya que tienden a prevalecer intereses individuales que distorsionan la función pública.

Evidentemente, resulta necesario transparentar las fuentes de financiamiento de los partidos políticos para que la ciudadanía pueda rendirle cuentas al funcionario. Por este motivo, de cara al futuro es importante adoptar en el país un enfoque preventivo contra la corrupción al corto y largo plazo. Una herramienta útil para prevenir el conflicto de intereses es la declaración jurada de intereses y patrimonio. Esta herramienta podría ser útil para realizar cruces, es decir, evaluar si las decisiones de funcionarios tratan de corresponder con los financistas de los partidos, sus intereses personales o con sus campañas políticas.

La declaración de intereses y patrimonio debería contener información completa y verídica sobre el total de activos, pasivos e intereses de quienes las presentan. Datos sobre actividades profesionales y económicos, valor comercial sobre inmuebles y vehículos, participación en sociedades y empresas, y exposición de créditos o deudas contraídas. Esta declaración jurada debe ser divulgada públicamente. De esta forma esta se puede convertir en una herramienta que inhiba actos de corrupción. Debe ser útil para evitar la puerta giratoria, prevenir la corrupción, tomar decisiones, concientizar y sancionar.

Además, se debe exponer y transparentar las fuentes de financiamiento de los partidos políticos para que la ciudadanía pueda asumir un papel de reguladora y vigilante de sus funcionarios.

De tal manera que todo el que quiera acceder a un cargo público, todo el que sea funcionario u ostente autoridad, desde la presidencia hasta los diputados y ministros deberían realizar la declaración obligatoriamente de por vida.

En consecuencia, se debe desarrollar y consolidar una estrategia de integridad que prevenga posibles conflictos de intereses. Esta debe cortar el círculo de la corrupción y la denominada puerta giratoria, bajo la cual agentes del ámbito privado pasan al público y luego regresan defendiendo intereses particulares. Se trata de crear e instalar capacidades institucionales y ciudadanas de prevención ante actos de corrupción.

Este problema va más allá de las ideologías, porque la corrupción en El Salvador no cuenta con ideologías ni colores políticos. Más bien, la corrupción cuenta con una matriz de actores que debe ser desmontada desde sus cimientos, y para ello se debe perseguir y sancionar tanto a los funcionarios corruptos como a los agentes corruptores que mueven los hilos en su favor en la escena política. Así, ante el próximo evento electoral para la presidencia de la República es necesario que los contendientes tomen compromisos reales y concretos como la declaración jurada de intereses en favor de la transparencia y anticorrupción en El Salvador.